El endeudamiento no se refleja en el beneficio colectivo
Inversión pública-productiva no es para el saneamiento financiero
QUIHUBOLE/MEXICALI/19/02/15.- Bajo la premisa de que se ha
comprobado que el endeudamiento bajo el esquema de inversión
pública-productiva, no ha cumplido con el objetivo de impulsar el mejoramiento
y calidad de vida de la colectividad, se promueven reformas tajantes a la Ley
de Deuda Pública de Baja California, señaló la Diputada Nereida Fuentes
González.
Es imperativo que en la legislación del Estado, en el apartado relativo
a la deuda pública se retome el espíritu establecido por la Carta Magna en lo
tocante a la conceptualización de Inversión Pública Productiva, con la
finalidad de propiciar con ello, que se realice un ejercicio responsable del
financiamiento público, dijo.
En suma, propuso la Congresista Nereida Fuentes, que se defina en la
citada Ley, las atribuciones que se contemplen dentro de las solicitudes de
deuda pública, por lo cual hizo la solicitud ante el Pleno del Congreso del
Estado, para que se emita un decreto de reforma al Artículo 2 en su Fracción
VIII, para quedar de la siguiente manera: “Inversiones Públicas Productivas:
Las destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y a la adquisición o
manufactura de bienes muebles e inmuebles, siempre que en forma directa o
indirecta generen ingresos públicos y/o ahorros en el gasto corriente y/o
produzcan elevar el nivel de vida de la ciudadanía; asimismo, las que se
destinen a la atención de situaciones de emergencia derivadas de desastres
naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas declaradas por la
autoridad competente que de no ser atendidas oportunamente generarían mayores
contingencias”.
Con ello, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos que actualmente
presentan excesivo endeudamiento, deberán ajustarse a los lineamientos de la
Ley de Deuda Pública, ya que no podrán utilizar por ningún motivo los
empréstitos para cubrir el gasto corriente o contratar deuda pública para dicha
finalidad, lo que con la reforma queda expresamente prohibido.
En su exposición, la Diputada Nereida Fuentes señaló: “en este sentido,
resulta indispensable acotar dentro del rubro de Inversión Pública Productiva,
la realización de obras y servicios públicos que impulsen la actividad
económica regional y urbana, propiciándose con ello el crecimiento de la
economía local, dejando fuera de dicho concepto los empréstitos que tengan como
objetivo el saneamiento financiero, toda vez que ello ha repercutido de manera
negativa en las finanzas públicas, advirtiéndose que los préstamos solicitados
se han venido destinando a saldar pasivos de los entes públicos, lo cual
desvirtúa el objetivo de los financiamientos públicos”.
Como datos adicionales, la Legisladora Fuentes González aportó que
desde el 31 de diciembre de 2012 a la fecha, se han autorizado al Estado y
Municipios la cantidad total de $8,255,379,261 (Ocho mil doscientos cincuenta y
cinco millones trescientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y un pesos)
por concepto de deuda pública destinada a saneamiento financiero.
La mayor cantidad de ello, pertenecen al Gobierno del Estado, por lo
que al finalizar la pasada administración de José Guadalupe Osuna Millán, quedó
una exorbitante deuda superior a los 7 mil 284 millones de pesos y actualmente
la deuda ha crecido en poco más de una año del gobierno de Francisco Vega de
Lamadrid, a 9 mil 865 millones, lo que representa un 35% más en relación a la
administración anterior, pero en un solo un año.
Es por eso que urge reformar la Ley en la materia, para evitar que se
siga endeudando a la Entidad y que esas inversiones no vayan directamente al
rubro de obras y adquisición de bienes muebles e inmuebles o atención a
contingencias; eliminando definitivamente las inversiones al saneamiento
financiero, concluyó.
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