Presenta
tricolor denuncia por delitos electorales contra el gobernador del Estado y el
secretario de Desarrollo Social
Tijuana,
BC.- El Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia por la
comisión de delitos electorales, en contra del gobernador del Estado, Francisco
Arturo Vega De Lamadrid, y el secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez
Juan, dado que se tienen pruebas de que se están utilizando a promotores y
recursos públicos de este último ministerio, para comprar votos durante los
comicios del próximo domingo, denunció el Delegado especial del CEN Rogelio
Rueda Sánchez.
Fue en
la agencia receptora de La Mesa donde se presentó la referida imputación,
quedando abierta la averiguación previa con el folio 3408/16/206. El partido tricolor
posee documentos escritos, gráficos y audiovisuales, que dan cuenta de la
estructura que se ha tejido, con el fin de trucar los próximos comicios.
Rueda
Sánchez, presidente estatal del PRI en Colima y delegado especial del Comité
Ejecutivo Nacional en Baja California, solicitó a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales que blinde los comicios, “para evitar
que se desvíe o anule la voluntad de los ciudadanos”.
"Queremos
hacerle un atento llamado a la Fepade, para que vigile en forma rigurosa el
proceso electoral local, ya que se ha implementado, desde el poder Ejecutivo,
una estructura compuesta por militantes panistas, incluyendo a funcionarios de
la administración estatal en turno, para delinquir electoralmente”, sentenció
Rueda, quien estuvo acompañado por Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela, líder
municipal tricolor, en conferencia de prensa.
"Dicho
entramado se halla encabezado por el propio gobernador del Estado, Francisco
Arturo Vega De Lamadrid, quien colocó a cargo de toda la operatividad del mismo
a la Oficial Mayor del poder Ejecutivo, Loreto Quintero Quintero, quien, desde
hace años, es su brazo derecho para lo turbio”, añadió.
"Quintero
está acompañada en dicha función por Juan Manuel Gastélum Rivera, delegado de
la Cofepris en Tijuana e hijo del actual candidato panista a la presidencia
municipal; Ricardo Magaña Mosqueda, ex titular de la secretaría de Desarrollo
Social y actual candidato a diputado local panista por la vía plurinominal; así
como por el ex diputado local, Óscar Martínez Garza, y el ex delegado de La
Mesa, Leonardo Fernández Aceves", detalló.
"La
función de ellos es ser la bisagra entre otros dos equipos. Uno, abocado a
utilizar los apoyos y recursos de la Sedesoe, tales como despensas, con fines
electorales, el cual es encabezado por Arnulfo Guerrero León, quien fuera
subsecretario de Desarrollo Social y hoy es candidato a regidor para Tijuana.
“A
Guerrero lo secundan Luis Bustamante Mora, viceministro de la misma dependencia
en la Zona Costa, y Luis Pérez Saucedo, de igual manera aspirante a edil en el
22 ayuntamiento tijuanense”, precisó.
"El
otro equipo tiene como tarea la presión política y policial, siendo encabezado
por Marco Antonio Sotomayor Amezcua, subsecretario de Seguridad Pública del
Estado, el cual tiene a su cargo a Enrique Méndez Juárez, subsecretario General
de Gobierno en Tijuana, y Manuel González Reyes, delegado de la Oficialía Mayor
en la misma ciudad", explicó.
"Todos
ellos son la punta de un iceberg que tiene, como turbio propósito, desviar y
alterar la voluntad de los bajacalifornianos, generando una elección de estado
que permita el triunfo de los candidatos panistas", alertó.
“Guerrero
y su equipo van a hacerla de policía bueno, repartiendo dádivas a cambio de
votos, mientras Sotomayor y los suyos serán el policía malo, teniendo la
función de acosar a votantes opositores de su causa, objetivo para el cual
tienen, además de la Policía Estatal Preventiva, a un brazo porril, conformado
por residentes de centros de rehabilitación a los cuales benefició la Sedesoe
con recursos, a cambio de estar dispuestos para este tipo de tareas”,
especificó.
Rueda y
Tsutsumi mostraron, de igual manera, pruebas de un reparto de vales, por mil
pesos cada uno, para material de construcción, en el distrito 13, así como de
bolsas con despensas, en el 16.
“Por todo lo anterior, demandamos la
intervención de la Fepade, para evitar no solamente la violencia contra
los ciudadanos que, evidentemente,
conlleva un operativo como este, sino el robo de las elecciones y, por
consiguiente, la acción de impedir la libre manifestación de los
bajacalifornianos en las urnas”, concluyó.
