Ensenada,
B.C. a 11 de julio de 2021.- “La igualdad de género no solo es un derecho
humano fundamental, sino que es esencial para construir un mundo pacífico,
próspero y sostenible”, según un criterio de la Organización de las Naciones Unidas,
y es lo que debiera prevalecer, más en los temas de familia, donde los ajenos
deben ser cautos y guardar distancia de los conflictos entre particulares.
Por más buena fe que se
tenga, es difícil tomar partido si no se cuenta con todos los elementos a la
mano para opinar responsablemente, en éstos casos deben ser las autoridades
competentes, asesorados por expertos quienes determinen lo procedente.
En ese contexto se
desarrolla la historia de Raúl Tirado, un trabajador de 33 años, padre soltero,
que lucha por que los derechos de sus dos hijos, Diego de 8 y Marianita de 7,
estén a salvo y puedan convivir en armonía con su madre, de la que está
divorciado legalmente.
Su situación, cuenta el
padre de familia, es que fue enterado por redes sociales y publicaciones en
diversos medios electrónicos, donde se sugiere que éste tiene secuestrados a sus
hijos, cuando la realidad es que tuvo que solicitar la custodia provisional de
los niños ante las agresiones físicas y psicológicas de que éstos, manifiestan
que han sido objeto por parte de su madre.
Dichas agresiones,
informa, han llegado al grado de generar lesiones visibles, y más aún, psicológicas,
plenamente acreditados, detectados y dictaminados por especialistas, peritos en
la materia.
Si bien, la madre de
sus hijos, ya tiene otra relación, por alguna razón, ha resultado poco
tolerante con la natural vitalidad o inquietud de los menores, cuyos juegos o
actitudes son reprimidas con sendos castigos, al grado de tornarse en
agresiones físicas, agrega.
Esa situación, expresa,
le preocupa, y lo obligan a asumir el deber de cuidado que sea necesario,
porque al igual que a especialistas y a las autoridades que ya fueron enteradas
sobre el caso, debe protegerse el interés superior de los menores para
desarrollarse en un ambiente armónico.
Todo empezó en el 2008,
cuando Raúl y Marisela, –se omite apellido para proteger su identidad- su ahora
ex esposa se conocieron cuando estudiaban en Monterrey, en la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), él Criminología y ella Filosofía y Letras, se
hicieron novios, y en 2009, en ese año un hermano de él falleció y debió
regresar a su tierra, Ensenada.
Entonces Marisela que
hoy tiene 32 años, quien procede de Sinaloa, dijo que estaba embarazada, por lo
que Raúl decidió pedirle que viniera a Ensenada para hacerse cargo, pero ya en
la ciudad y luego de exámenes médicos se descartó el supuesto embarazo, no
obstante, decidieron contraer matrimonio por lo civil, y hacer vida juntos.
Aunque las cosas no
marchaban del todo bien, ambos decidieron intentar que la relación funcionara y
en septiembre de 2012 nació el pequeño Diego, quién hoy tiene 8 años y en 2014,
nació Marianita que hoy tiene 7.
Así las cosas, trataron
de llevar la fiesta en paz y ofrecerle un hogar a los niños, que siempre
padecieron de una madre “bastante severa”, para decirlo de la mejor manera,
señala Raúl, pero como vivían juntos, intervenía para pedirle a ella que se
moderara y “traté de que las cosas no pasaran a mayores con los niños y
mantenerlos protegidos.”
Siendo honestos, hay
que decir que parte del tiempo, ella se comporta bien con ellos, pero se torna muy
intolerante, agresiva y violenta física, verbal y psicológicamente contra los
niños cuando éstos hacen alguna travesura propia de su edad, accidentalmente se
les rompe algo, o por el desorden de sus juguetes, comenta.
“Entiendo que ella
tenía el derecho de corregir y enseñar a los niños como su madre que es, pero
hay formas, sin causarles daño físico o emocional, y sobre todo a no generarles
un estado de intranquilidad”, dice el padre de familia.
EL
ROMPIMIENTO
Lamentablemente y aun
estando casados y viviendo juntos, ella tuvo una relación externa con un
entrenador del gimnasio al que asistía, y se volvió imposible mantener el
matrimonio.
“Me vi en la necesidad
de salirme de la casa, ahí se quedaron la señora Marisela y los niños para que a
ellos no les faltara un techo y todo lo necesario para vivir bien; no sin antes
proponerle a ella una separación en los mejores términos posibles para evitarle
sufrimiento a nuestros hijos”, narra Raúl.
“Así quedamos,
tramitamos el divorcio de común acuerdo, mismo que se nos concedió a principios
de 2020; ella tendría la custodia de los niños, y yo los vería todos los días 3
horas, y 1 fin de semana si, y otro no, situación que mantuvimos por un algún tiempo,
siempre con una relación ríspida.”
Ella se quedó a vivir
un año en el departamento que le había dejado, precisa Raúl, pero después se
fue a vivir con su pareja actual y se llevó a los niños a vivir con ellos, “situación
en las que no tuve inconveniente, para que ellos siguieran disfrutando de su
mamá, y seguí el rol que nos dio el juez para convivir con mis hijos.”
A pesar de que notaba
ciertas resistencias de los niños, sobre todo de Diego, para regresar a con su
mamá, “siempre le traté de inculcar el amor y el respeto por ella y tratar de
explicar que a veces los padres tenemos presiones y preocupaciones y cometemos
errores y que podía ser el caso, y así los convencía de regresar.”
A mediados de mayo de
2020, el padre acudió al domicilio de los menores para recogerlos y convivir
con ellos, pero en dos días seguidos no le permitió hacerlo, a la tercera
ocasión, si accedió:
“Lamentablemente me di
cuenta que las cosas estaban más graves de lo que creía, cuando me entregó a
los niños para nuestra convivencia, y noté que Diego venía severamente golpeado
del rostro, explica Raúl, no sabía qué hacer, pero me asesoré y me aconsejaron
tomarle fotos y poner una denuncia por violencia intrafamiliar ante el
Ministerio Público, indicando con mayor detalle tanto éste como su hermanita,
que siempre los maltrataba su mamá, o los amenazaba constantemente, de que si
no se “portaban bien”, no verían a su papá.”
Las autoridades
judiciales, en el ámbito familiar, al tener ese indicio de probable violencia,
a fin de proteger a los menores, le dieron a Raúl la custodia provisional de
sus hijos durante el tiempo que dure el juicio, mismo que actualmente está
vigente.
Además de ello, diversas
autoridades judiciales en materia penal, vincularon a proceso a la señora Marisela,
por el delito de violencia intrafamiliar, donde ésta se le dio oportunidad de
defensa, debidamente asistida de su abogada defensora. Siendo ya, dos
autoridades judiciales, y la fiscalía que consideran que existen elementos para
considerar su actuar no solamente negligente, sino potencialmente comisivo de
delitos.
Ella también denunció a
Raúl por “sustracción de menores”, pero la denuncia no procedió y fue desechada
por la fiscalía ante las pruebas fehacientes aportadas por la defensa del padre
de familia entre las que existen evidencias médicas y valoraciones psicológicas,
y de que los niños están bajo un cuidado apropiado.
Actualmente, la señora
Marisela, ha sido conminada ante el Juzgado familiar, a que sigan un proceso de
“reintegración familiar, que implica una valoración de los menores y de su
madre para establecer la mejor forma de llevarse a cabo la convivencia”,
situación que abre la posibilidad de que puedan convivir en el futuro.
Hoy por hoy, ella tiene
una orden de restricción para acercarse a la casa donde viven los niños con su
padre y sus abuelos y a la escuela a donde se tendrán que reintegrar una vez
que las autoridades lo permitan por el Covid-19.
Actualmente, indica Raúl
Tirado, que, si tanto es el deseo de poder convivir con sus hijos, porqué,
contra toda lógica, la señora Marisela ha decidido controvertir la resolución
judicial de reintegración familiar, retardando injustificadamente el camino
para que existan las condiciones para que no vuelvan a cometerse actos de
violencia contra de sus hijos, y éstos, crezcan apoyados en el amor de su madre
al que tienen derecho.
La única explicación, que
él percibe, es que ella no quiere someterse a las pruebas psicológicas o
psiquiátricas para demostrar que es apta para convivir con sus hijos, comenta,
pero si así fuera, también es la manera de saber cuál es su problema, para que reciba
tratamiento para que esté bien y ellos tengan la posibilidad de recibir el amor
de su madre.
El derecho a la
convivencia, es un derecho consagrado a los niños, y se vuelve en una
obligación para los padres, y no al revés, precisa Raúl.
¿PORQUÉ
HACER PÚBLICO UN PROBLEMA FAMILIAR?
Una de las preguntas
para Raúl es: ¿cuál es la razón por la cual hace público el problema que
debería ser tratado en el seno familiar y ante las autoridades?
“Principalmente por mis
hijos, ya que no quiero que sean objeto de Bulliyng o acoso en su escuela o que
después sus maestros no sepan la verdad de las cosas”, dice.
Además, responde, que
le da mucha vergüenza tener que exteriorizar la situación, pero su ex pareja ha
emprendido una campaña de desprestigio en un medio de comunicación de Sinaloa
de donde es nativa, y en las redes sociales en su contra y de las autoridades,
lo que lo desprestigia, y lo pone altamente estresado, y ha empezado a minar su
trabajo.
Ella trata de
victimizarse, y lo ha logrado hasta cierto punto, en su condición de mujer, que
algunas personas y agrupaciones de mujeres de buena fe, simpaticen con la forma
en que plantea las cosas, y consecuentemente, me vean como una mala persona y “hasta
han hecho llamado a manifestarse en mi contra y de las autoridades, pero no
tienen razón”, principalmente porque no tienen todos los datos a la mano, argumenta
Raúl.
Raúl manifiesta que, ya
intentaron sorprender a su madre, porque una vez, “vinieron ella, su papá y su
hermano cuando yo no estaba, y se los quisieron llevar de la casa de mi mamá,
afortunadamente el niño se pudo soltar y corrió a esconderse en el baño del
segundo piso y la niña lloró hasta que su mamá la dejó ir con mi mamá, me
llamaron al trabajo y pude llegar para pedirles que se fueran”, pero el temor en
los niños persiste, y les ha generado problemas.
Manifiesta Raúl con
evidente pesar, que su hijito Diego, ha comentado que mirará a su madre, cuando
esté más grande y pueda defenderse, y que por eso no quiere convivir con ella,
lo que demuestra, según Raúl, que el niño está afectado; siendo que su
hermanita confirma todos los datos que el niño indica sobre gritos, golpes y
maltratos generalizados de la madre hacia ellos.
El padre de familia
indica que ha hecho todo lo posible porque sus hijos convivan actualmente de
manera virtual, pero éstos no desean hacerlo.
Raúl Tirado expresa que
está afligido y le angustia la situación, y aunque existen periciales de por lo
menos dos psicólogos expertos que les han aplicado las pruebas de rigor que
determinan que los niños están afectados psicológicamente y requieren tratamiento,
está dispuesto a que convivan con su madre.
Lo anterior, siempre y
cuando sea valorada y en su caso, sometida a tratamiento para que ya superado
satisfactoriamente cualquier situación que ella tenga, se asegure y prevenga
que los menores no vuelvan a ser maltratados.
“Desde luego, tendrá
que ser de forma paulatina y siempre con la conformidad de los niños, para lo
cual ella deberá poner de su parte y ganárselos poco a poco”, subraya.
En efecto, conforme a
la Ley, ningún padre o tutor puede ser omiso ante la falta de cuidado de sus
hijos, si lo hicieren, pueden ser sometidos a sanciones, es por ello que Raúl ha
emprendido las acciones que la Ley indican para proteger su integridad personal.
Solo espero un mejor
desenlace de todo este proceso, en el que la madre de los niños y éstos, dice
Raúl, se practiquen valoración psicológica para conocer su estado emocional
actual, que acudan a terapia psicológica, que inclusive la madre haga algún
curso de escuela para padres, con el que pueda tener asesoramiento para un mejor
desarrollo de la personalidad de sus hijos.
Así, una vez que pasen
por tales procesos, poder valorar psicológicamente, tanto a los menores, como a
Marisela, la madre, en el que se garantice que la convivencia, es más benéfica
que perjudicial para proteger el interés superior de los menores.
En efecto, conforme el
Artículo 4º Constitucional, que establece que: “En todas las decisiones y
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes,
tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento
de estos derechos y principios”.
