Mexicali,
B.C., a 1 de octubre del 2026. — “No basta con escribir derechos en una ley;
hay que hacerlos exigibles, por lo que la reforma al marco jurídico de Baja
California en materia de autismo y neurodiversidad debe pasar del
reconocimiento de derechos al establecimiento de obligaciones concretas,
autoridades responsables y mecanismos efectivos de cumplimiento”, señaló Ismael
Estrada Maldonado, fundador del Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social
de Tijuana A.C.
Durante
el Foro de Parlamento Abierto “Nueva Ley de Autismo y Otras Neurodivergencias”,
organizado por la diputada Daylín García, el activista social señaló que esta
discusión representa una oportunidad para construir una legislación integral
que determine con claridad quién debe garantizar los derechos, cómo debe
hacerlo, en qué plazo y bajo qué mecanismos de seguimiento y evaluación,
evitando que la inclusión quede únicamente como una declaración de principios.
Uno
de los ejes centrales de su propuesta es la educación inclusiva, para que
ningún niño, niña o adolescente sea rechazado, condicionado o excluido de una
escuela por su condición neurodivergente.
Planteó
garantizar ajustes razonables y apoyos educativos individualizados, incluyendo
personal de acompañamiento cuando sea necesario, sin trasladar
injustificadamente a las familias el costo de garantizar estos derechos.
Estrada
Maldonado también propuso que los siete Ayuntamientos de Baja California,
dentro de sus respectivas competencias, expidan o armonicen reglamentos y
programas municipales de neurodiversidad. Estos deberán contemplar acciones en
materia de atención ciudadana, seguridad pública, protección civil, desarrollo
social, cultura, deporte y capacitación de servidores públicos, con objetivos,
responsables, presupuesto e indicadores que permitan medir resultados.
El
punto medular, subrayó, es que la nueva legislación tenga “dientes”, mediante
rutas claras para presentar quejas, autoridades responsables, plazos de
respuesta, medidas correctivas y mecanismos de seguimiento.
“Una
ley no puede decir solamente lo que las autoridades deben hacer; tiene que
establecer qué pasa cuando no lo hacen”, afirmó, al plantear también
indicadores públicos, informes periódicos y evaluación institucional.
“La inclusión no puede depender de la buena voluntad de una persona, de una escuela o de una autoridad. Debe estar respaldada por la ley; y cuando un derecho está en la ley, debemos tener también las herramientas para hacerlo valer”, concluyó.
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