Tijuana, BC. – El Gobierno
de Baja California, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG),
informa que la mañana de este domingo 6 de febrero, un grupo interinstitucional
conformado por autoridades estatales, federales y municipales de Tijuana
pusieron en marcha un protocolo de reubicación de los 382 ocupantes del
campamento migrante de El Chaparral hacia espacios que permitan mayor seguridad
para los ocupantes, mismo que se dio sin ninguna complicación.
El secretario general de
Gobierno, Catalino Zavala Márquez, explicó que la acción en específico tendrá
consecuencias directas en la calidad de vida, la salud y derechos de los
migrantes, además de que en todo momento se integró la perspectiva de género y
la inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Dentro del Gobierno del
Estado, participó la SGG, la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, la
Coordinación de Protección Civil Estatal, DIF Baja California, la Comisión
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Sistema de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto
de la Mujer y la Dirección de Asuntos Binacionales.
Cabe señalar que también
formaron parte varias instancias del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, la Guardia
Nacional, los organismos de Derechos Humanos estatal y federal, así como
organizaciones internacionales pro defensa del migrante.
Se trató de cuatro puntos
de destino final al cual fueron reubicadas las personas tomando en cuenta en todo
momento la diversidad de condiciones de cada grupo, siendo divididos en: 59
familias de padres e hijos, 27 núcleos madre hijos, cuatro mujeres solas, 33
hombres solos, tres integrantes de la comunidad LGTB, dos personas con
discapacidad y dos mujeres embarazadas.
Quedó constatado ante el
resto de las autoridades que los migrantes tuvieron claro el interés de
brindarles protección, seguridad y salubridad, por lo que Zavala Márquez
enfatizó que el movimiento de este domingo 6 de febrero tuvo lugar en total
orden.
Finalmente, puntualizó que
el Gobierno del Estado atenderá las necesidades básicas de los migrantes, como
ropa, comida, servicio médico, atención psicológica y asesoría legal, además de
que las organizaciones civiles y activistas que los apoyan con sus procesos de
asilo político tendrán acceso a los espacios donde la comunidad migrante estará
albergada
