Impulsa el diputado local una reforma a
la Ley Monetaria de nuestro país, empezando por modificaciones al Código Civil
de nuestro estado, para que los arrendamientos sean pactados en moneda nacional
Mexicali, 16 de marzo de 2016.- Desde el
pasado jueves 10 del mes en curso el diputado David Ruvalcaba Flores impulsa
una iniciativa de reforma al artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, para que en Baja California –y de ser posible en toda la
frontera norte del país-, ya no se cobre en dólares los arrendamientos,
empréstitos y otras contrataciones.
“Mientras que estemos en suelo mexicano
todo debe manejarse en moneda nacional, y los pactos que se hagan con
extranjeros deben fijarse al tipo de cambio que esté vigente al momento de celebrar
dichos contratos”, expone el legislador local.
Mientras tanto, precisamente a nivel
local, propone la reforma al artículo 2273 del Código Civil para el Estado de
Baja California, para poner fin a las obligaciones de pago en moneda extranjera
contraídas dentro o fuera de la república para ser cumplidas dentro de ésta, se
solventen entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio
vigente en la fecha en que se contrajo la o las obligaciones de pago.
Esta iniciativa es parte de las acciones
que emprende como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, y a nombre de
diversas fracciones, que están de acuerdo en que las obligaciones de pago en
moneda extranjera dejan en la ruina muchos negocios.
Se observa que durante el 2015, por
ejemplo, un contrato de arrendamiento pactado en 200 dólares mensuales, a
principios de ese año representó 2 mil 400 pesos, pero en diciembre ese
compromiso ya ascendió a 3 mil 200 pesos, o sea, ¡34 por ciento más en tan solo
un año!
Eso, por cierto, en los casos en los que
el arrendador mantiene el precio de la renta en la misma cantidad de dólares,
pero se observa que muchos para finalizar el 2015 ya cobraban, en el ejemplo
citado, 210 o hasta 250 dólares, que significaron 3 mil 360 o ¡4 mil pesos!
¡Casi duplicando el cobro!
Eso lastima gravemente la economía
familiar, y en el caso de las empresas se dan incluso casos en que tienen que
cerrar y hasta vender sus negocios.
Una deuda de un millón de dólares, por
ejemplo, a principios de 2015 eran 12 millones de pesos, pero para diciembre ya
eran 16 millones de pesos, y actualmente representan 17.5, 18 o hasta 19
millones de pesos, lo cual es demasiado dinero, y con el tiempo se vuelve
impagable.
Ruvalcaba Flores mencionó en su
exposición de motivos que el 11 de febrero del año en curso, en esta
legislatura se presentó la iniciativa por la que se reforma el artículo 2273
del Código Civil para el Estado de Baja California, a fin de que cualquier
clase de arrendamiento pactado en moneda extranjera, se entienda pactado en la
cantidad equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente al momento
de la celebración del contrato respectivo.
En este sentido y con la finalidad de
lograr una plena armonía con la legislación bajacaliforniana, “consideramos
necesario proponer que se legisle en materia federal a efecto de reformar la
última parte del primer párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las obligaciones de pago en
moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la república para ser cumplidas
en esta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo
de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago”.
“Como ejemplo, -dijo- podemos citar los
casos de celebración de contratos de hace un año o más tiempo, cuando la
paridad oscilaba alrededor de 12 pesos por dólar, a diferencia de la actualidad
en que esa paridad ha alcanzado hasta 18 o más pesos por dólar; en
consecuencia, y solamente por ese detalle, las cargas económicas se han visto
incrementadas hasta en un 50 % o más en contra de la parte deudora”.
Lo anterior implica que en las zonas
fronterizas se genere una gran afectación financiera para todos los casos de
contratos pactados para su pago en dólares, enfatizó el Coordinador del GP-PRI.
Agregó que como consecuencia de lo
anterior, se generan diversos perjuicios sociales, de manera directa, como lo
son la pérdida de empleos, quiebra y cierre de negocios, encarecimiento de
servicios, inflación, decremento del Producto Interno Bruto y, de manera
indirecta, se genera un incremento en los fenómenos sociales relacionados con
la seguridad pública, por el incremento de la delincuencia, y en general, de la
pobreza.
“Consideramos que con la propuesta de
esta reforma legislativa federal, se revisen los extremos de urgente necesidad
de la misma, en base a la sensibilidad socio política que de ello se desprende,
siendo un clamor generalizado de parte de quienes están viviendo las
consecuencias del encarecimiento de la moneda de cambio extranjera y la
disminución de la propia o nacional que, a final de cuentas, a todos nos
afecta”, concluyó Ruvalcaba Flores.
