BAJA CALIFORNIA
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA,
a 23 de febrero de 2019.- Treinta años
en el poder han desgastado sin duda al Partido Acción Nacional al frente del
gobierno del estado y de los ayuntamientos, en el primero de manera ininterrumpida
y en los segundos alternándose con otras fuerzas políticas: los
bajacalifornianos demandan acciones de gobierno que se traduzcan en mejor
calidad de vida (servicios públicos, educación, salud, movilidad), mayor
seguridad para sus familias y desarrollo económico. Ni más ni menos lo mismo
que demanda el pueblo en todo México. Pero las colonias y poblados en los que
habitan los que todos los días hacen funcionar y producir la maquinaria
económica en las maquilas, en los campos algodoneros de Mexicali, en los de
fresas y legumbres y en las empacadoras de San Quintín, los que atienden a los
turistas en restaurantes, comercios y otros servicios, siguen en la marginación
más desoladora.
Por
ejemplo, cientos de miles sin alumbrado público, en muchos casos en
fraccionamientos como Delicias en los que no se prenden las lámparas porque la
empresa que vendió las casas no ha “entregado” el fraccionamiento al municipio.
Y mientras se echan la bolita unos funcionarios con otros, el nivel municipal
al estatal y el estatal al federal, y éste a los otros dos, o todos ellos a las
empresas inmobiliarias, la gente sigue sufriendo asaltos y otro tipo de
agresiones en calles que parecen bocas de lobo. Ese es solo un ejemplo, y de
los menos dramáticos.
A los ciudadanos, a las familias
afectadas, no les queda otro camino que el de insistir en la atención a sus muy
diversas demandas; pues la otra sería resignarse a no progresar, a no vivir
como seres humanos o, ilusoriamente, esperar que algún día ocurra el milagro de
que sin necesidad de la intervención organizada y consciente del pueblo se
cambie el modelo político y económico.
La
mejor manera de ir avanzando en la mejoría, que no en la solución de raíz, de
estas carencias es la suma de voluntades, de voces y de esfuerzos de los
marginados del sistema para exigir a los gobernantes en turno que se atiendan
sus problemas más urgentes, reconociendo, lo mismo en vecinos cercanos, del
mismo barrio o pueblo que los que habitan en otras lejanas regiones de la
nación, a los hermanos de pena, a los que padecen iguales o semejantes
agravios, a los de similar condición social, y de esta manera tener la claridad
social no solo de los problemas comunes y de las causas que los generan sino
también de las soluciones de fondo y de las fuerzas y recursos necesarios para
lograrlas.
Por
ello a los políticos y gobernantes, lo mismo que a los empresarios más
retrógrados, les causa no solo escozar sino hasta rabia que el pueblo se agrupe
y les exija soluciones de manera organizada, como lo permite la Constitución de
la Republica, lo aconseja la experiencia de la lucha popular en el mundo y lo
exigen las actuales condiciones de los trabajadores y sus familias. Recuerdo
cuando en 2005 un subsecretario de gobierno en Tijuana molesto por los gritos
de vecinos de colonias populares que le demandaban vivienda, agua y drenaje,
pretendía aleccionarme de que en Baja California no eran necesarias las
manifestaciones, que no era lo mismo que el resto de México y que ellos, el
gobierno de Eugenio Elorduy, únicamente tratarían con ciudadanos individuales,
que no precisaban de organizaciones intermediarias y que los interesados
deberían acudir uno por uno.
El
discurso actual de López Obrador en contra de las organizaciones no es más que
un refrito, no solo de los gobiernos mexicanos panistas, pues desde los albores
del régimen burgués, apenas triunfante la Revolución Francesa, la nueva clase
dominante promulgó la llamada Ley Le Chapelier para perseguir y castigar las
asociaciones del pueblo para la defensa de sus intereses.
Han pasado más de 13 años, en mi
experiencia en estas generosas tierras norteñas, conviviendo y compartiendo la
suerte y la lucha de mis hermanos antorchistas de Ensenada, Tijuana, Tecate y
Mexicali; Planicie, El Peñón y Altiplano, las primeras colonias en las que hubo
antorchistas organizados, ya tienen los servicios básicos y algunas tras
mejoras pero en la zona este de Tijuana rondan el millón los que viven con el
Jesús en la boca por la inseguridad, en casas construidas con materiales de
desecho, llenas de goteras que se quedan incomunicados por los lodazales en
épocas de lluvias.
La
presión popular a las autoridades insensibles y omisas ante esta realidad es más
necesaria que nunca, pues aun cuando se consigue alguna promesa o acuerdo
verbal o escrito para que se atiendan algunas de estas necesidades, los
funcionarios encargados de materializar lo prometido fingen ignorancia, se
esconden y someten a los bajacalifornianos humildes a un desgaste que pretende
desalentarlos para que dejen de insistir.
Esta es
la situación que vienen sufriendo decenas de bajacalifornianos agrupados en las
filas antorchistas, a los que entusiasmó la respuesta del gobernador del
estado, que en audiencia con el comité estatal antorchista ofreció solucionar
diversas demandas de educación, servicios y obra pública, pero que a la fecha
los licenciados Francisco Rueda Gómez, Alfonso Álvarez Juan y Miguel Ángel
Mendoza González, secretarios de Gobierno, Desarrollo Social y de Educación,
respectivamente, ha sido omisos e atender y cumplir las instrucciones dadas por
el Gobernador Constitucional del Estado.
¿Fue
pura actuación la del gobernador al instruir que se atendieran las justas
demandas de los bajacalifornianos agrupados en Antorcha? ¿Lo ignora y hacen
rebelión pasiva sus funcionarios? No lo sabemos todavía, pero lo que percibe el
pueblo sigue siendo insensibilidad e incumplimiento.
Profesor Ignacio Acosta Montes
Dirigente del Movimiento Antorchista en Baja Califonia
Y Coordinador Regional en el Noroeste.
