Por:
Aquiles Córdova Morán
Hoy me sumo con entusiasmo a la campaña nacional de
denuncia y protesta de los antorchistas ante la pasividad total del gobierno
poblano, que encabeza el Lic. José Antonio Gali Fayad, en el asesinato de
Manuel Hernández Pasión, Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla.
Tal como lo denuncian mis compañeros en todo el país, ha pasado ya bastante más
de un mes del crimen sin que las autoridades poblanas hayan hecho nada visible
o comprobable para detener y castigar a los asesinos.
Sin embargo, por respeto a la verdad, a la opinión
pública y a mí mismo, en ese orden de importancia, quiero precisar algunos
puntos esenciales sobre la cuestión que me ocupa. Como dije en un artículo
anterior, a estas alturas nosotros, los antorchistas poblanos, sabemos con
absoluta certeza quién es el asesino directo de Manuel, quiénes son los que lo
acompañaron, quiénes participaron en la logística de la emboscada y quién
organizó y financió el complot que acabó con su vida.
Además sabemos,
por haberlo oído de la boca misma de los funcionarios respectivos, que ellos y
el señor Gobernador del estado saben todo lo que nosotros sabemos y, muy
probablemente, bastante más que eso. Hay razones de sobra, por tanto, para
preguntar: ¿por qué no se procede a detener a los responsables? ¿Quién los
protege y por qué? ¿No está incurriendo el Gobierno poblano en el delito de
encubrimiento?
Volviendo
a las precisiones, aclaro que entre los nombres que he dicho que conocemos, no
figuran el de Alonso Aco ni el del cura José Martín Hernández. Lo que los
antorchistas sostenemos es que, desde el principio, ambos personajes se
manifestaron públicamente como enemigos feroces e irreconciliables de Manuel y
de la organización antorchista a la que sabían que pertenecía.
La guerra de
calumnias, incriminaciones graves, insultos personales e incitaciones
descaradas a la población para que se alzara violentamente contra Manuel que
ellos desataron, fue verdaderamente atroz, asfixiante, ininterrumpida y
amplificada por todos los medios
posibles. Llegó incluso a los medios electrónicos y a las páginas de cierta prensa
poblana, conocida por su permanente guerra sucia contra el antorchismo y los
antorchistas. Ahí, en las páginas de esa prensa, está la prueba de lo que digo,
e incluso la prueba de las amenazas de muerte lanzadas por Aco contra los
líderes antorchistas, y no hay manera de que las borren por más malabares
verbales que se inventen. Por eso afirmamos que ellos abonaron el terreno para
el asesinato de Manuel, y que no es mucho bordar en el vacío suponer que
formaron parte del complot que lo ejecutó. Nada más, pero nada menos.
Sigamos. A poco que se analice el contenido de los
ataques de esta mancuerna, a poco que se conozca o se documente seriamente lo
hecho por Manuel, y más aún lo hecho por el antorchismo en Huitzilan (obras de
gran visibilidad y de gran impacto que han cambiado, literalmente, el rostro de
todo el municipio); a poco, finalmente, que se compare este inmenso trabajo con
lo hecho por el cura Hernández y los Aco, tradicionales señores de horca y
cuchillo en toda la Sierra Nororiental poblana, surgirá necesariamente la
pregunta lógica: ¿cuál fue, o es, la causa de la feroz campaña excrementicia de
Aco y Martín Hernández? ¿En qué los perjudicaba o qué daño les hacía el trabajo
de Manuel? ¿Cuál era su superior propuesta de gobierno para llevar a Huitzilan
por un camino mejor? ¡En nada! ¡Ninguna! Ésa es la respuesta a tales
cuestiones. Por tanto, se puede asegurar que todo se reduce al propósito de
recuperar a sangre y fuego el poder en Huitzilan, palanca indispensable para
volver a hacer de los indígenas las bestias de carga que en el pasado les
llenaron de oro los bolsillos. Aquí, es necesario decir algo sobre el
vergonzoso espectáculo que Alonso Aco, el cura Hernández y un puñado de
huitziltecos (curiosamente, la mayoría de ellos gente joven que, por su edad,
no vivieron en carne propia el sangriento pasado de su pueblo, infierno del que
los ayudó a salir el Movimiento Antorchista Nacional) montaron en la Cámara de
Diputados. Fue una verdadera revelación la seguridad y el tono arrogante y
sentencioso de Aco ante los micrófonos; y más todavía oírlo “acusar” a los
antorchistas del asesinato de cuatro presidentes municipales huitziltecos (dos
en funciones y dos ya fuera del cargo), antiguos compañeros suyos. Para
respaldar su absurda infamia, dio cátedra de sociología del crimen: esa es la forma
en que actúan las mafias, y los antorchistas son una mafia. Lo afirmo yo, dijo
Alonso Aco.
De pronto tuve la sensación de tener en frente, no a un
simple cacique de nuestros días, sino a un auténtico encomendero dueño de
esclavos de la época colonial. En efecto, hace falta contar con la inmensa
fortuna y el respaldo incondicional de todo el aparato del Estado con que
contaban aquellos esclavistas, para atreverse a decir tales despropósitos nada
menos que en el recinto mismo donde se elaboran las leyes que rigen la vida
nacional. Se necesita, además, un gran desprecio por la inteligencia de los
demás, por su capacidad de discernimiento y por la información veraz de que
pudieran disponer, para “denunciar” la muerte de los presidentes antorchistas y
callar olímpicamente, al mismo tiempo, el hecho de que, al menos en el caso de
Ignacio Gómez Cipriano, el culpable intelectual resultó ser nada menos su tío
carnal, Jerónimo Aco, quien purgó condena de cárcel por ello.
No quiero discutir
la calificación de Alonso Aco en materia de mafias; acepto sin dificultad que
en ese terreno sabe mucho más que yo. Pero no creo inútil recordarle que no
hay, en el mundo entero, ninguna mafia que cuente con millones de afiliados,
cuyos actos todos estén sujetos a la ley y al escrutinio público, y pueda
mostrar resultados como los que presenta Antorcha en Huitzilan de Serdán. Las
mafias son grupos pequeños, cerrados, que actúan en la oscuridad y que amasan
riqueza por caminos no siempre confesables, razón por la cual prefieren negarla
y ocultarla. Así vistas las cosas, me parece que tiene más de mafia el grupito
de caciques al que pertenece Alonso Aco que el Movimiento Antorchista.
Respecto al absurdo de que somos los verdaderos asesinos
de nuestros compañeros, quiero precisar lo siguiente. Es verdad que en los
largos años de trabajo de Antorcha en Huitzilan, varios amigos que al principio
no ayudaron y trabajaron por la causa común, más tarde, por una razón u otra,
se alejaron de nosotros, aunque ninguno, que yo sepa, se volvió enemigo frontal
de nuestra lucha. Este fue el caso de Ramírez Velázquez Gobierno, uno de los
dos ex presidentes asesinados.
Sabedores de esto,
sus asesinos (y al parecer también su viuda) corrieron el rumor de que sus
verdugos eran los antorchistas huitziltecos. La acusación llegó hasta la
Procuraduría de Justicia poblana, la cual ordenó la exhumación del cadáver para
comprobar o desechar la versión de la viuda sobre las causas de su muerte,
diligencia que se llevó a cabo puntualmente con la plena colaboración de los
antorchistas. ¿Y cuál fue el resultado? Que la versión de los inconformes
resultó falsa y el expediente, al menos en ese aspecto, quedó concluido. Sobre
el otro ex presidente occiso, Francisco Luna Gobierno, jamás hubo
distanciamiento con él, que yo sepa, y ha sido para mí una total sorpresa oír a
un hijo suyo culparnos de su muerte. Y una última palabra sobre los jóvenes
huitziltecos que acompañaron a Alonso Aco en la farsa ya mencionada. Repito que
su juventud seguramente les impidió conocer en vivo la tragedia de su pueblo.
Eso facilita la labor de cualquier manipulador sucio, como el cura Hernández y
Alonso Aco, para convencerlos de que lo blanco es negro y viceversa. Pero hay
otro factor que explicaría su odio hacia los antorchistas: la conocida inercia
emocional sobre el carácter hereditario del poder entre los pueblos indígenas,
muy arraigada en ellos por cierto, aunque tal vez nunca racionalizada y menos
verbalizada por ellos.
Sobre esta base,
es fácil convencer a los hijos de quienes han gobernado alguna vez de que el poder les corresponde a ellos por
derecho propio, derecho que les han usurpado por los antorchistas. Así se
explica que su demanda, claramente expresada, no fuera la de justicia para sus padres
asesinados, sino la de que el gobierno expulse a los antorchistas de Huitzilan,
que los “libere” de su nefasta dictadura.
Al plantear esto, los jóvenes indígenas están planteando,
sin saberlo, la verdadera demanda de Aco y del cura Hernández. Son ellos, en
realidad, quienes sueñan con la salida de Antorcha de Huitzilan, porque saben
que, de ocurrir esto, el poder y la economía del municipio caerían en sus manos
como fruta madura. Es aquí donde se contesta con toda lógica la pregunta sobre
la causa de fondo de los ataques en contra de Manuel y en contra de Antorcha,
ataques que, no hay que olvidarlo, incluyeron amenazas de muerte, como lo
denunció oportunamente el vocero de Antorcha en Puebla, el periodista Aquiles
Montaño Brito (ver artículo publicado en “El Heraldo de Puebla” con fecha 15 de
enero de 2016). Y es también aquí donde se ve la racionalidad de los
antorchistas al sostener que Alonso Aco y el cura Hernández no son ajenos al
asesinato de Manuel. Nadie más beneficiado que ellos con su muerte.
Sea como fuere, Antorcha no se arroga, nunca lo ha hecho,
el papel de fiscal, juez, y verdugo inapelable en sus propias causas. Lo que
exigimos es muy claro y legítimo: que se detenga a los verdaderos asesinos de
Manuel, plenamente identificados por nosotros y por las autoridades respectivas
y, a partir de allí, que se sacuda en serio todo el árbol para que caigan los
frutos podridos. Es seguro que nos llevaríamos más de una sorpresa. El gobierno
de Puebla tiene que hacer justicia esta vez. Antorcha no quiere jugar a las
vencidas con nadie; nunca ha sido ese nuestro deporte favorito; pero la actual
campaña nacional de denuncia y protesta es el primer paso de muchos que estamos
decididos a dar hasta que se haga plena justicia en el caso de Manuel. Sabemos
que de no ocurrir esto, la vida de todos nosotros correrá grave peligro, y no
estamos dispuestos a vivir con esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
Que conste.
