* Exigen que la juez quinto de lo civil
suspendida, María del Rosario Ibarra Plascencia, sea sometida a proceso penal
* Señala el licenciado Álvaro Zárate
corrupción de jueces, actuarios, notarios, policías, y hasta del Registro
Público de la Propiedad
BAJA CALIFORNIA
Por: Steven Sxkovedo
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA, a 4 de junio de 2019.- Al
exponer sobre la crisis de vivienda en Baja California, el presidente del
Movimiento Social de Defensa del Patrimonio A.C., el licenciado Álvaro Zárate
Vélez definió como una de las soluciones una reforma de fondo a la Ley del
Infonavit, y una “limpia” total a sus redes de corrupción.
Esto lo propuso debido a que, después de
una exhaustiva investigación, y la detección de despojo ilegal de 20 mil
viviendas en Baja California, el pasado 25 de marzo fue suspendida la juez
quinto de lo civil, María del Rosario Ibarra Plascencia, contra quien piden sea
sometida a proceso penal.
“De nada sirve que la suspendan o
remuevan, si a los seis meses regresa y continúe con sus prácticas de
corrupción, y su justificación fue que “la chamaquearon” (con su participación
en el despojo de 5 mil 204 casas); nadie se lo va a creer con sus 20 años de
trayectoria en el Poder Judicial, pero nos quiere tratar como si fuéramos
retrasados mentales”, abundó en sus observaciones.
En ese sentido, señaló también que, en
la adjudicación irregular de 20 mil viviendas en el estado, “están involucrados
jueces, actuarios, policías, y hasta el Registro Público de la Propiedad”.
“Falta juntar información para fincar responsabilidades, pues quien acusa tiene
que probar, pero el Registro Público sí está putrefacto”, puntualizó.
Durante su exposición ante integrantes
de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC), el licenciado Zárate
informó que, hasta donde tienen conocimiento, hay, por lo menos, 100 mil
viviendas abandonadas en Baja California, y las que no están siendo adjudicadas,
son nido de delincuentes, funcionan como “picaderos” de drogas, o están tan
deterioradas, casi destruidas, que son focos de infección.
Una de las causas, expuso, es que los
nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales construidos en las últimas
dos o tres décadas están diseñadas inadecuadamente, mal hechas, muy pequeñas, y
el Municipio no brinda los servicios, aunque sí cobra el predial, además de que
quedan lejos de los centros laborales.
Todo eso son factores, aunque no únicos,
del abandono de las casas, muchas de ellas mediante créditos Infonavit, otros,
mediante ventas ilegales de “coyotes”, hasta algunos dirigentes sindicales que
sacan provecho del “río revuelto”, y, como ya se dijo, la práctica deshonesta
del Infonavit, de adjudicar casas de manera irregular, violando la
Constitución, y sobrevaluando las viviendas.
“Infonavit no solamente dejó de
construir casas, y se convirtió en la inmobiliaria más grande de Latinoamérica;
además altera valores en los contratos, llegando a descontar hasta el 50% de
los salarios de los derechohabientes, pese a que su Artículo 25 le prohíbe
descontar a los trabajadores más del 25% de sus sueldos, y, por eso es que
muchos dejan de pagar, y hasta abandonan sus casas, para rentarlas o
traspasarlas, o simplemente dejarlas ahí”.
En el mejor de los casos, explicó,
venden viviendas en 250 mil pesos (obviamente sobrevaluadas), con contratos a
30 años, “lo que significa que, si siempre pagan al corriente, al final habrán
pagado más de un millón de pesos; y si sobrevives, nunca recuperarán lo que
pagaron”.
Aparte, observó, las viviendas las han
ido haciendo más chicas, de 45 a 33 metros cuadrados de construcción, que
obviamente no cumple con el principio Constitucional de “vivienda digna”, para
por lo menos una pareja con dos hijos.
Álvaro Zárate habló de las
irregularidades discutidas con Alejandro Murat, antes director general de
Infonavit, y ahora gobernador de Oaxaca, y con David Penchyna Grub, el director
de Infonavit en el régimen de Enrique Peña Nieto, del que se descubrió que
ganaba 700 mil pesos mensuales de sueldo, insultante y burlón para una
institución que se supone sirve a los trabajadores asalariados del país.
Mientras tanto, concluyó, siguen
avanzando en procesos ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la Unión, y
han logrado que se detengan los juicios arbitrarios de despojo de 20 mil
viviendas, y continúan peleando por proteger más bienes patrimoniales de esos.
