Por: Aquiles Córdova Morán/Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional
CDMEX
Redacción/Quihubole!!!
CIUDAD
DE MEXICO, a 6 de mayo del 2020.-Según la ciencia del materialismo histórico,
el Estado no ha existido siempre. Nació cuando la producción social fue capaz
de generar un excedente económico del que se apropió la capa social que, de
tiempo atrás, venía desempeñando funciones organizativas y directivas del
trabajo colectivo de la horda y de la tribu. Con ello se disolvió la comunidad
originaria y su lugar lo ocupó la sociedad dividida en clases con intereses
antagónicos. El Estado surge, precisamente, como la herramienta que la clase
dominante requiere para asegurar su dominio y garantizar el funcionamiento
fluido de la maquinaria social a su servicio. El Estado ha sufrido cambios de
forma para adaptarse a los cambios que, a su vez, ha experimentado la
organización de la producción social. El Estado democrático-liberal es la forma
de Estado que corresponde al modo de producción capitalista. Pero bajo sus
cambios de forma, y gracias a ellos, el Estado ha conservado su carácter de
forma organizada del poder y de la fuerza de la clase dominante, incluso en la
sociedad capitalista, en la sociedad organizada como una máquina productora de
mercancías.
Entendido así el Estado, el presidente López
Obrador tiene razón cuando afirma que el Estado mexicano ha sido hasta hoy una
junta de notables al servicio del gran capital; que los apoyos, concesiones,
exenciones y privilegios que le ha otorgado, han sido un factor de su
enriquecimiento insultante y de los límites intolerables que han alcanzado la
desigualdad y la pobreza entre las clases populares; cuando culpa a Gobiernos
pasados por el “capitalismo de cuates” que ha florecido entre nosotros. Pero se
equivoca rotundamente al pensar que este maridaje es exclusivo y peculiar de
México; que solo aquí existe el “capitalismo de cuates”, y que su Gobierno
puede acabar con esta relación perversa de una vez y para siempre. Y más aún
cuando afirma que es un problema de voluntad política; que basta con que él lo
decida y lo haga público para que el contubernio y el trasiego de recursos y
favores entre Gobierno y capital desaparezcan como por milagro.
“Eso se acabó”, declara enfático el
Presidente; ahora hay una completa separación entre poder político y económico
y el capital debe someterse a las decisiones del Gobierno si quiere sobrevivir
y prosperar “honradamente. La equivocación reside en el carácter unilateral del
planteamiento, en que se mira solo una cara del fenómeno pero se olvida “darle
la vuelta”. El Presidente solo ve lo que el Gobierno le ha dado al capital,
pero no lo que el capital aporta a la vida de la sociedad en su conjunto y, por
tanto, también a la vida y actividad del Gobierno. Ignora o calla que ninguna
sociedad presente, pasada o futura, puede vivir sin los bienes y servicios que
sustentan la vida de sus miembros; y que en una economía capitalista, todos los
medios necesarios para producir dichos bienes y servicios están en manos del
capital; que toda la riqueza, sin exceptuar los ingresos fiscales del Estado,
proceden, en última instancia, de sus inversiones productivas; que en esto
residen su fuerza y su poder y que esto no es exclusivo de México ni puede
borrarse con una simple declaración. La verdad es que ambos poderes se
necesitan, dependen el uno del otro y entre los dos garantizan la existencia de
la sociedad. Quien intente separarlos artificialmente, se aventura por un
camino asaz peligroso y con un elevadísimo costo para la sociedad en caso de
fracasar. Hay más de un ejemplo reciente al respecto. Sin embargo, no es una
rareza histórica que un gobierno con fuerte respaldo popular se enfrente al
capital.
Los estudiosos del tema afirman que, en este
caso, lo que ocurre no es un “divorcio” sino una dualidad de poderes, es decir,
una sociedad con dos cabezas. Y, como sucede con todo ser vivo, esa sociedad
bicéfala no puede durar mucho tiempo. La dualidad de poderes es temporal por
naturaleza y tiene que resolverse necesariamente en favor de uno u otro de los
contendientes. Es una situación preñada de oportunidades para los trabajadores
y las clases oprimidas, pero también del grave riesgo de un brutal retroceso
hacia formas dictatoriales de corte fascista. El pueblo y sus líderes no pueden
permitirse jugar a la provocación ni a la insurrección sin estar preparados y
decididos a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. El Estado
democrático-liberal, repito, es histórico. En lenguaje técnico se entiende por
histórico lo que no ha existido siempre y que, por tanto, tampoco durará
eternamente. “Todo lo que nace merece perecer”, dijo Hegel. La democracia
liberal tendrá que ceder su lugar a una forma superior para una sociedad mejor
organizada. Pero esto no ocurrirá solo porque alguien lo desee; su caducidad
debe probarse en los hechos, y también en las entrañas de la nueva realidad
debe haber aparecido la nueva forma que se requiere. No se debe destruir lo
viejo sin saber con qué se lo va a sustituir.
Creí necesario recordar y precisar todo esto
porque, aunque el discurso del presidente López Obrador no es suficientemente
claro ni coherente, se puede afirmar que, basado en la supuesta separación de
poderes que, según él, es ya un hecho, está tomando medidas muy agresivas en
contra de los intereses del capital, en contra de los inversionistas, para
combatir la corrupción privada; y está lesionando gravemente los derechos
salariales y la seguridad en el empleo de miles de funcionarios de su
administración para combatir la corrupción pública. Está introduciendo reformas
a las leyes existentes y creando nuevas, que impidan, según piensa él, el
retorno de las viejas prácticas de gobierno aún en el caso de que tenga que
dejar el poder de la nación. Quiere asegurarse, dice, que todo el dinero que se
logre ahorrar con el combate a la corrupción y con un gobierno austero, se
canalice íntegro a un sector de las clases pobres previamente seleccionado por
él, a través de programas de transferencia de dinero en efectivo directamente a
la gente, sin intermediarios ladrones que se quedaban antes con parte del
recurso. Así pretende acabar con la desigualdad y pobreza.
Ha creado leyes que conculcan los derechos
civiles y políticos de los ciudadanos; ha incrementado el número de delitos que
merecen prisión preventiva; ha elevado desproporcionadamente las penas para los
delitos de corrupción, defraudación fiscal y facturación falsa; ha violentado
el derecho de propiedad arrogándose la facultad de confiscar los bienes de un
acusado antes de que sea declarado culpable, y otras acciones por el estilo.
Armado con estas leyes arbitrarias, ha desatado una cacería de brujas en contra
de quienes considera enemigos de la 4ªT, acusándolos de corrupción,
naturalmente. Ha desencadenado una ola de venganzas contra quienes no le fueron
adictos durante su campaña a la Presidencia, sin importar la atmósfera de
terror y malestar que está sembrando por todo el país. Muchos medios
importantes han dado pelos y señales sobre los verdaderos motivos que se
esconden detrás de cada una de estas acciones (recordemos, solo como ejemplo,
la cancelación de una planta cervecera en Mexicali B.C.)
Hace pocos días, la prensa informó que el
director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una
denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de varios líderes
antorchistas, acusándolos de corrupción y lavado de dinero. No voy a entrar
ahora a demostrar la absoluta inconsistencia de tales cargos; me interesa
exhibir las causas verdaderas de la denuncia. Ejemplo 1. La reportera de
Milenio, Janet López Ponce, concluye así la nota en que informa de la
acusación: “Antorcha Campesina es la organización que más protestas ha
encabezado contra el gobierno federal por la entrega directa de apoyos de
programas sociales”. La intención de la reportera es respaldar la acusación de
la UIF, pero, obviamente sin quererlo, también descubre que es una maniobra
contra un opositor sistemático a las políticas sociales de la 4ªT. Ejemplo 2.
En la columna de Pepe Grillo aparecida en cronica.com.mx del 27 de abril, el
autor, en tono casi festivo, da la misma noticia y al final afirma: “No es que
los Antorchistas hayan hecho algo diferente a lo que antes hacían, sino que
pensaron que sería sencillo pasar al siguiente nivel y convertirse en partido
político, lo que sin duda aceleró las investigaciones en su contra”. También
Pepe Grillo confiesa involuntariamente que la denuncia es un castigo por
nuestra osadía de querer convertirnos en partido político.
Y ahora va contra la división de poderes,
piedra angular de la democracia liberal. El Presidente busca obtener la
facultad legal de modificar el presupuesto de gastos de la Federación aunque
haya sido ya discutido y aprobado por el poder legislativo. Se pretende que un
poder soberano abdique voluntariamente sus funciones sustantivas en beneficio
del Ejecutivo. Es un torpedo en contra del modelo de República democrática y
federal fundado por don Benito Juárez y la generación de la reforma. Pareciera
que el Presidente quiere construir un Estado semejante a la “Comuna de París”,
que logró convertirse en un aparato de poder mucho más justiciero y eficiente
que la democracia burguesa de Francia, concentrando en sus manos los tres
poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Ya dije que la democracia liberal-burguesa ni
es perfecta ni es eterna. Ahora añado que, en realidad, jamás ha funcionado de
acuerdo con su modelo teórico; siempre ha sido y sigue siendo una fictio juris
que sirve para legitimar el poder de la burguesía que domina al mundo. No nos
asusta que alguien la quiera derribar para poner en su lugar al Estado y al
gobierno del pueblo trabajador. Pero hay un pequeño detalle: No vemos por
ningún lado a ese pueblo en acción; tampoco vemos por ninguna parte al
proletariado y su partido guiando al pueblo entero en busca de un cambio
radical de la sociedad y del Estado. Lo que vemos es a un solo hombre con
pretensiones de iluminado que pretende ocupar, él solo, el lugar del pueblo
organizado y en acción. Los antorchistas no defendemos a rajatabla la
imperfecta democracia mexicana, pero sí nos oponemos radicalmente a que sea
suprimida para colocar en su lugar a un político cuya capacidad de estadista y
cuyo equilibrio emocional no acaban de convencer a la gran mayoría de los
mexicanos. Eso es todo.
