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| Por: Ignacio Acosta Montes |
“El
político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas
generaciones y no en las próximas elecciones”.
W.
Churchill
BAJA
CALIFORNIA
TIJUANA,
a 13 de julio de 2017.- La opinión es casi unánime. Taxistas, tianguistas,
profesores, comunicadores, amas de casa, doctores o casi cualquier persona con
la que tenga uno oportunidad de entablar conversación y le pueda preguntar qué
cree que motiva las decisiones y la actuación de los gobernantes en nuestra
entidad, sean del nivel o del poder que sean, dan dos razones: el interés
económico, sacarle el mayor jugo contante y sonante a su paso por la función
pública, y el beneficio de su partido o de su grupo político más cercano, sobre
todo pensando en asegurarse la victoria en los siguientes procesos electorales,
lo que les significa la oportunidad de seguir pegados a la ubre gubernamental.
No es extraño, entonces, que en lo que va del sexenio de Kiko Vega y del
trienio de Juan Manuel Gastélum abunden las denuncias y señalamientos de
corrupción y manejos fraudulentos de los recursos públicos. Preciso, aunque no
soy abogado no estoy condenándolos ni dando la razón a quienes los acusan, eso
se tendrá que probar en tribunales o será juzgado por la opinión pública y por
los propios electores. Dicho sea de paso, los antorchistas somos mucho más
responsables y serios que el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano,
que justificó ante Zeta la remoción de quien escribe como encargado de despacho
de la Delegación La Presa Este argumentando “denuncias por invasión de predios
y reparto inequitativo de apoyos sociales”, no dijo que tenía pruebas, que se
había investigado ni nada parecido, sino que simplemente él, o quien se lo haya
ordenado, juzgó, condenó y ejecutó la sentencia, sin haber llamado a juicio, o
a las aclaraciones respectivas, al imputado. Yo no digo que las cabezas del
ejecutivo estatal y municipal de Tijuana sean culpables de nada, sólo que hay
una honda insatisfacción y una generalizada duda del manejo de los recursos por
ellos o personajes cercanos a ellos. Ya sabrán si les preocupa y si se ocupan
en mejorar esa percepción. Y para que no se me acuse de que hablo sin el menor
sustento, sólo recuerdo al lector las consignas y los gritos en contra del
gobernador y del alcalde en las manifestaciones que habiendo nacido para
protestar contra el gasolinazo, es decir contra las autoridades federales
derivaron en una descalificación de decenas de miles de bajacalifornianos y
tijuanenses contra sus autoridades locales; un elemento más son las dudas sobre
los contratos de renta de camiones recolectores de basura y patrullas que han
superado los límites de “grillas intestinas” en el cabildo para hacerse virales
en redes y llegar hasta instancias más serias como las autoridades judiciales y
el Congreso del Estado.
Pero la
irritación del tijuanense de a pie no se agota en su desconfianza de la
honradez de quiénes lo gobiernan, sino que se incrementa por la nada discreta
partidización de los recursos y programas públicos. Como dirigente del
Movimiento Antorchista me he topado reiteradamente con que para los panistas no
somos azules ni para los priistas rojos, por lo tanto, cuando ocupan un puesto,
nos regatean o de plano niegan las soluciones y la atención a las que las
familias agrupadas en nuestras filas tienen derecho como cualquier mexicano y
bajacaliforniano y a los que ellos, lo gobernantes independientemente de su
filiación política tienen la obligación de atender sin distinciones de credos,
religiosos o políticos. Y es así como encontramos a los promotores de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos, de diversos programas federales, a los
de Desarrollo Social Municipal o de la Secretaría de Desarrollo Social
preocupados y bien ocupados, pero no por la pobreza y las angustias que sufren
miles de familias trabajadoras debido a los bajos e insuficientes salarios, ni
en ayudarlos a paliar esa situación, sino en cómo lograr que cada subsidio,
despensa o apoyo de la índole que sea se convierta en votos asegurados y
secciones electorales ganadas. Se llega a lo ridículo y a lo más burdo, como en
el caso de los vecinos de la Presa Este, delegación a la que Luis Bustamante,
el Subsecretario de Desarrollo Social del estado les negó todo tipo de apoyo,
pero apenas removido el Antorchista que la encabezaba ahora sí fluyen los
apoyos y los programas estatales.
¿Qué
hacer?, esa es la pregunta. Y la respuesta muy contundente de los antorchistas
es muy clara, que el pueblo no venda su dignidad. Como dijo Don José Mújica en
la visita que nos hiciera hace un año: “No hay que elegir a los que les guste
demasiado la plata, sino a los que creen en la política como una función de
carácter colectivo”, y agregó “a los que les gusta mucho la plata hay que
correrlos de la política, porque si no, terminamos hipotecando la confianza de
la gente". Pero para lograr este objetivo el pueblo debe adquirir mayor
educación política y debe organizarse para hacer valer la fuerza de su mayoría
y poner así en marcha un modelo político y económico que garantice mayor
equidad. Organízate, lee, interésate en los problemas políticos y lucha por una
mejor calidad de vida para tus hijos y para las futuras generaciones. Los
enanos de ideas cortas están pensando en las próximas elecciones, los
antorchistas, guiados por nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles
Córdova Morán, vamos lejos: desde hace más de 40 años venimos construyendo con
paciencia, pero con una tenacidad y una constancia infatigables la organización
consciente del pueblo mexicano, despertando a ese gigante dormido, para que las
nuevas generaciones se desarrollen en una patria justa y verdaderamente
democrática y soberana.
POSTDATA.
Señor
Gobernador del Estado: no se han atendido, mucho menos resuelto las justas peticiones
de decenas de miles de familias antorchistas de San Quintín, Ensenada, Mexicali
y Tijuana. Más de 100 días llevan en plantón nuestros compañeros de Tijuana y
el señor subsecretario de gobierno, Enrique Méndez, ni siquiera ha podido, más
bien querido, convocar a las dependencias que tienen la capacidad y la
obligación de solucionarles. El próximo 27 de julio se instalará un plantón en
el Centro Cívico de Mexicali, en Palacio de Gobierno y saldrá una caminata
desde Tijuana para buscar su intervención. ¿Cuánto más tendrá que prolongarse
el esfuerzo y sacrificio que vienen haciendo estas familias trabajadoras para
que se les escuche y resuelva? Usted es quien tiene la palabra pues sus
peticiones son elementales y todas caen dentro de las obligaciones del gobierno
estatal.
