CDMX.- El presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, defendió su postura de guardar silencio frente a la aprobación del
Congreso de la Unión del artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) que amplía su mandato como
titular de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos años
más.
En un artículo
que publica en el diario Milenio, Zaldívar afirmó que “como juez
constitucional” no lo mueve la opinión que tengan sus críticos de él, por lo
que se mantendrá imparcial para poder asegurar “la legitimidad” de la discusión
y votación que se haga sobre la constitucionalidad del artículo transitorio en
el marco del artículo 97 de la Constitución mexicana que prohíbe la reelección
de los presidentes de la Corte.
“Pese a los
llamados a la politización, mi deber es mantenerme imparcial, para asegurar la
legitimidad de los mecanismos de control constitucional”, señaló Zaldívar en un
tuit que sirve para presentar el artículo que publica en Milenio.
Tras defender la
reforma judicial que se aprobó por las Cámaras de Senadores y Diputados,
Zaldívar reconoció que los alcances de la misma han sido opacados “por la
inclusión de un artículo transitorio que prorroga por dos años la integración
actual del Consejo de la Judicatura Federal”, pero evita mencionar de forma
explícita que forma parte de dicha integración, y, por lo tanto, es
beneficiario directo de la reforma.
En su texto, el
titular del PJF también reiteró que el artículo transitorio no fue parte de las
propuestas del Poder Judicial y que se trató de una adición “de último minuto”
por parte de los senadores, pero también reconoce que la constitucionalidad de
este polémico artículo “ha sido ampliamente puesta en duda”.
En este marco,
se refirió a lo que califica como “una ola de pronunciamientos” que le exigían
condenar el artículo transitorio por ser beneficiario directo de la reforma
judicial; además de solicitarle un deslinde inmediato y una eventual confrontación
con el Poder Legislativo.
En respuesta a
las voces que lo han criticado por no hablar del artículo transitorio de la
reforma judicial, insistió que no va a salir a descalificar a los otros poderes
derivado de esta polémica, ya que su deber es vigilar que este tipo de
controversias se resuelvan conforme al marco jurídico constitucional.
“El último
reducto de institucionalidad —afirmaban— dependía de que yo saliera a
descalificar a los otros poderes. Pero
en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a
través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa.
Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos,
limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza
del Poder Judicial, que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria
para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con
independencia y autonomía”, sentenció Zaldívar
Dijo que actuar
“al margen de los cauces constitucionales y satisfacer la sed de sangre” de
quienes le exigen pronunciarse sobre el tema dañaría a la democracia mexicana y
al propio Poder Judicial, por lo que no responderá públicamente, aunque se
afecte su imagen pública.
“Si mi principal
preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y
comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados. Nada hubiera sido
tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional.
Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi
deber y responsabilidad como juez constitucional y como presidente de la
Suprema Corte”, advirtió.
Agregó que ceder
ante las críticas al artículo transitorio que prorroga su mandato y su postura
personal “me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables” que
lo condenan “a la ignominia” y hasta se hubiera “cubierto de gloria”, pero
también implicaría adelantar un criterio jurídico antes de que se realice el
debate jurídico sobre la constitucionalidad de prorrogar su mandato en el Pleno
de la SCJN.
“Hacerlo antes
de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en
la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer
neutrales. Hacerlo ahora, implicaría adelantar mi criterio sobre la
constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la
Suprema Corte”, concluyó. (Con información de Proceso).
