Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco del Foro Nacional 3 de 3
contra la Violencia hacia las Mujeres: una Alternativa para Erradicar la
Violencia Institucional, la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen),
participó en la presentación y análisis de dicha iniciativa que propone
reformas a la Constitución Política local y leyes secundarias sobre los
requisitos obligatorios para ocupar cargos públicos de elección popular,
designación y/o concurso: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador
sexual y no ser agresor por razones de género.
María Mandiola, titular de la Seigen, señaló que ejercer y hacer
respetar los derechos de las niñas y mujeres en todas las esferas de acción y
decisión “es un acto de justicia frente a las desigualdades y violencias que
frenan nuestro desarrollo, es una forma de decir ¡ya basta!, y ponerle un alto
a la cultura machista que debemos erradicar y que actualmente no tiene cabida
en una sociedad democrática como la que estamos construyendo”.
Informó que dicha iniciativa, que ha sido aprobada en Oaxaca y
Chihuahua, y presentada en el Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Zacatecas y
Morelos, propone elevar los estándares de la ética pública como parte de la
corresponsabilidad de las instituciones, para prevenir la violencia contra las
mujeres por razones de género, promoviendo reformas legislativas y políticas
públicas para garantizarlo.
La funcionaria estatal destacó el papel que representan los
colectivos y defensoras de los derechos de las mujeres y niñas, al denunciar,
visibilizar y levantar la voz para frenar y castigar violencias machistas, al
tiempo de promover cambios legales, institucionales y culturales, que
contribuyan a generar soluciones y las respuestas que se necesitan.
“Los retos para dignificar la ética pública no son sencillos, pero
tenemos que encararlos con determinación, la política patriarcal ya no tiene
cabida en el siglo XXI. A las mujeres se les respeta en todo lugar y en todo
momento, sin excepción”, apuntó.
Por su parte, Yndira Sandoval Sánchez, fundadora de Las
Constituyentes CDMX, dijo que para aspirar a una cultura democrática paritaria,
se debe contar con instituciones que repliquen prácticas de igualdad, para que
hombres que aspiren a cargos públicos como alcaldes, regidores, síndicos,
diputados, gobernadores y cualquier otro funcionario no puedan acceder a ellos
si no cumplen con los requisitos mencionados inicialmente.
Enfatizó que la 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres
implica un nuevo paradigma de hacer política, “no basta el no robar, no mentir
y no traicionar, si se es acosador, deudor y agresor”. Expresó que esta
iniciativa de avanzada implica la posibilidad de contar con un padrón de
deudores de pensión alimenticia, un padrón de agresores como el ya existente en
la Ciudad de México, y con un marco jurídico con sanciones firmes y visibles
que terminen con el pacto patriarcal.
En este sentido, se expresaron las diputadas Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo, presidenta del Congreso de Chiapas y Adriana Bustamante
Castellanos, al resaltar la viabilidad de esta iniciativa que representa una
lucha histórica por igualar las oportunidades y que obligue a toda la clase
política a cumplir con su responsabilidad en favor de garantizar una vida libre
de violencia.
En el Foro Nacional, realizado de forma virtual y moderado por
Alejandra Soriano Ruiz de PROIDECH A.C. y Alma Rosa Cariño Pozo de 50 + 1,
Capítulo Chiapas, las y los participantes coincidieron en que ocupar un cargo
público no es un privilegio de la clase gobernante, sino que conlleva una gran
responsabilidad, por lo que la ley debe garantizar la idoneidad de las personas
que aspiran a ocuparlos.
Participaron las diputadas de Tabasco, Odette Carolina Lastra
García; de Oaxaca, Hilda Graciela Pérez Luis; y el diputado del Estado de
México, Gabriel Gutiérrez Cureño, quienes compartieron las experiencias en sus
estados con esta iniciativa.
Así mismo, comentaron y realizaron valiosas aportaciones Lourdes
Salgado Martínez, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva; Oswaldo
Chacón, consejero presidente IEPC; Sofía Margarita Sánchez Domínguez, de la
Comisión permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC; Isela
de Jesús Martínez Flores, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial; Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de CEDH y Alejandra Rovelo
Cruz, directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
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