Durante la mesa fueron expuestas las características propias de la
población penitenciaria femenina, tanto en su problemática particular como en
sus probabilidades de reinserción social, recalcando particularmente la
vulnerabilidad al aislamiento y a la desintegración familiar que vive dicha
comunidad.
Por su parte, la directora del Immujer, Julia Elena Muñoz Mérida,
enfatizó la urgencia de que se implemente una reinserción social de manera
integral, aunado a acciones tendientes a la prevención de la reincidencia, y
con ello evitar la desintegración de las familias o mayores índices delictivos,
y así reconocer socialmente la importancia de su atención.
En vista de lo anterior, Humberto Ibarra Picos, coordinador estatal del
Inegi, destacó que el estatus jurídico de las mujeres ingresadas sin sentencia
es del 87%, y que sólo el 13% cuentan con esta, desfavoreciendo la certeza
jurídica de las mujeres en comparación con los hombres.
Lo expuesto anteriormente fue abordado en colaboración con todos los
agentes que abordan dicho tema: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California (CEDHBC), El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC),
Defensoría Pública Federal, Fundación Rebeca Lan, Vigilancia Ciudadana,
Instituto Municipal contra las Adicciones (Imcad), Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), Secretaría de Salud del Estado de Baja California, Comisión
Estatal del Sistema Penitenciario y la Universidad del Desarrollo Profesional
(Unidep).
A través de estos esfuerzos, el Immujer sigue trabajando arduamente para
implementar líneas de acción que posteriormente se vuelvan políticas públicas,
enfocadas en la erradicación de la violencia de género en Tijuana, Baja
California.
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