"¡Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada
gana!", dijo en una entrevista la icónica Chavela Vargas, nacida en Costa
Rica y fallecida en 2012, quien le tomó un gran cariño a México y sus
habitantes, hoy hago referencia a esta frase célebre también, tomada a
conveniencia por muchos funcionarios y políticos, artistas y demás, para decir
que también los mexicanos tenemos derecho a vivir donde se nos dé la gana, pues
con el simple hecho de ser hijos de esta bendita tierra, tenemos todos los
derechos como cualquier individuo.
Cuando los mexicanos nos trasladamos a cualquier otro lugar,
ya sea por trabajo o por otras necesidades, tenemos las mismas garantías como
cualquiera que viva ahí; ejemplo de ello es Baja California, desde donde
escribo estas líneas, principalmente el municipio de Tijuana que aloja miles de
migrantes centroamericanos, pero también a miles de mexicanos que vienen “del
sur”, como se les acostumbra a decir, y que se han quedado en esta bella ciudad
que los arropó.
Se han quedado aquí, porque existen más oportunidades de
trabajo, aquí hay más empresas que ofrecen trabajo pero que a pesar de ello,
éstas, no han logrado en conjunto con el gobierno, crear condiciones de vida
para estas miles de familias que llegan con la finalidad de alcanzar el sueño
americano, pero que queda truncado.
Veamos algunos datos a detalle: a decir de estudios de
dependencias de gobierno, en esta entidad existen 80,000 trabajadores con
intención de compra de vivienda, de los cuales más de 60% no encuentra la
oferta adecuada a sus necesidades.
De 90 proyectos en proceso de construcción, solo dos se
encuentran en el segmento social y ocho en el económico, mientras que 12 son de
vivienda media, 42 residencial y 26 residencial plus, según estimaciones de la
Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI). La base de la pirámide
de la población (53,000 empleados), es decir, 70% de la clase trabajadora que
gana menos de 7,000 pesos al mes, tiene muy poca oferta.
Esto último, sin tomar en cuenta que una gran parte de la
población se encuentra en el sector informal y que las oportunidades a algún
crédito de vivienda, queda totalmente nulo, y así estamos muchos, que, al no
tener un empleo formal, tampoco tenemos un patrimonio, llevándonos a la única
posibilidad de rentar y mantenernos en las filas de las familias que solicitan
un techo dónde vivir, no regalado, pero sí accesible.
Durante el primer trimestre de 2020 se produjeron 2,698
viviendas, divididas en 36% popular (971 solamente), 33% tradicional, 18%
media, 9% residencial y 3% residencial plus, con un área habitable promedio que
va de 46 a 189 m2. En este periodo aún no se reflejan las afectaciones
postCovid. El precio promedio por metro cuadrado en la vivienda social es de
9,850 pesos, mientras que en la económica es de 11,946, en la media de 20,378,
en la residencial de 36,385 y residencial plus de 41,928.
Si echamos cuentas, la casa más económica (de 46 metros cuadrados)
para un empleado con un salario de 7 mil pesos mensuales es de 472 mil 800
pesos, es decir, tendría que trabajar poco más de 67 meses, sin gastar un solo
peso en otra cosa para pagar en 5 años esta vivienda. Estas cantidades de
dinero son casi un imposible para miles de bajacalifornianos que vivimos al día
y que hoy, debido al COVID-19, hacemos un mayor esfuerzo para sacar a nuestras
familias adelante; hoy se necesita más intención del gobierno del estado y de
todos las fuerzas políticas y económicas para sacar a nuestro estado del bache,
y para ello se necesita brindarles mejores condiciones de vida a sus
habitantes, a quienes sostienen la enorme piedra de brinda una de las economías
más importantes del país.
El Movimiento Antorchista de Baja California, ha sostenido
una fuerte campaña para impulsar un programa de vivienda popular, hemos
solicitado créditos de vivienda para familias de escasos recursos económicos
que se han acercado a nosotros; hoy la lucha por la vivienda popular se ha
convertido en una de las más importantes, por muchas razones de las cuales sólo
mencionaré dos; la primera es que ante la pandemia que enfrentamos, el empleo
se hizo escaso y los salarios bajaron, haciendo que miles de familias que
rentaban, fueran desalojadas por la falta de pago, esto a pesar de que se
decretara que no sería legal.
La segunda razón son los altos costos que tienen las
viviendas en el estado, y que, aunque pareciera irónico, existen miles de
vivienda abandonadas, echándose a perder, mientras miles viven de manera
precaria en casas endebles de cartón u otros muchos lugares determinadas como
zonas de riesgo.
Hoy más que nunca necesitamos unir fuerzas, no solo por la vivienda, sino para sacar a BC adelante, desde todos los ejes que nos sean posibles debemos de organizarnos y levantar la voz; el pueblo se salvará así mismo, que nadie diga lo contrario. En Antorcha ya somos un chingo, sólo faltas tú.
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