Redacción/Quihubole!!!
MEXICALI, a 5 de mayo del 2020.- A través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, la administración estatal pasada desvió mil 586 millones de pesos del erario de acuerdo a una Revisión Especial que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano dependiente del Poder Legislativo de Baja California.
Derivado de lo anterior el Auditor Superior Jose Sergio Soto y la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto la diputada Eva Rodríguez presentaron una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General.
Acudieron con testimoniales y documentos sobre las diversas irregularidades.
Los recursos ejercidos del 2014 al 2019 derivan de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales, gastos que representan cerca del 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.
La ASE está por concluir otras auditorias donde podría llegar a sumar un quebranto total superior a los 2 mil millones de pesos.
En la denuncia penal ante la Fiscalía Estatal que presentó el Auditor Superior del Estado en Funciones, José Sergio Soto García, quien fue acompañado por la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, la diputada Eva Rodríguez, se encuentran como presuntos responsables el ex Gobernador del Estado, sus dos ex titulares de la entonces Secretaria de Planeación y Finanzas, hoy Secretaría de Hacienda y 9 funcionarios más entre subsecretarios y directores de área.
La Auditoría Superior del Estado documento información que podría ser constituido de delitos de carácter penal federal, así como del fuero común.
En el ámbito federal los delitos que pudieron haber cometido los ex funcionarios son Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En el fuero común serian Enriquecimiento Ilícito, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos en base a las conductas de los servidores públicos.
La Auditoría Superior de Fiscalización, órgano dependiente del Poder Legislativo del Estado hizo primeramente una revisión de trabajos facturados y pagados en el ejercicio fiscal del 2018.
En base a los hechos y las irregularidades detectadas la amplió a los ejercicios fiscales del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.
Se concluyó que se observaron en términos generales operaciones inusuales repetitivas que el Ejecutivo del Estado realizó del 2014 al 2019.
Se detectaron prestaciones de servicio sin convocatoria, ni licitaciones a las que están legalmente obligados, sin contratos por la prestación de servicios y sin recepción ni evidencia del servicio prestado.
Derivado de lo anterior fueron 273 operaciones inusuales con 100 proveedores por un monto pagado de mil 586 millones 150 mil 299 pesos.
En las revisiones se encontraron transferencias de recursos a diversas dependencias por cerca de mil millones de pesos, mismos recursos que fueron reintegrados al mismo Ejecutivo, para compensar presuntamente los saldos generados por las múltiples salidas de recursos en el pago de proveedores para las operaciones irregulares denunciadas.
Se agregan y está por concluir la auditoria donde se detectaron 32 millones 829 mil 490 pesos de operaciones similares con prestadores de servicios del Comité de Planeación del Estado de Baja California (Copladem).
Entre los conceptos de servicios supuestamente prestados y que fueron pagados dentro del monto general del quebranto, destacan un diagnóstico del Estado financiero del sector salud por 11 millones de pesos; lineamientos para el costeo de la plantilla del magisterio y burocracia por 11 millones.
Dos análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto de 8 millones y otro de 5 millones.
Una supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8 millones; un análisis de las finanzas de Issstecali por 9 millones.
Un análisis de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por 8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de pesos.
Además, se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos para el Gobierno del Estado.
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