Dos
empleados de una casa de cambio los acusan de quitarles 200 mil pesos en
efectivo.
BAJA
CALIFORNIA
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA,
a 12 de febrero de 2017.- La Sindicatura Municipal de la Alcaldía de Tijuana,
se encuentra por concluir el proceso de sanción contra dos escoltas del ex
encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, en el anterior
Ayuntamiento, quienes fueron acusados de despojar de 200 mil pesos en efectivo
a empleados de una casa de cambio.
La
Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Ana Marcela Guzmán
Valverde, informó que se encontraron elementos suficientes para presumir que
los ex escoltas incumplieron sus obligaciones legales, por lo que se inició en
su contra un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
Los acusados,
adscritos como policías municipales, al momento de ser denunciados estaban
comisionados como escoltas del entonces encargado de despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSPM), José Luis López Medina.
Con
base en el expediente de queja Q/181/2016 remitido ante la Comisión del
Servicio profesional de Carrera de la SSPM, se informó a la Sindicatura sobre
el seguimiento a dicho procedimiento, por lo que se decretó la suspensión
preventiva a ambos agentes desde el 9 de enero de 2017, expuso.
“Como
lo ha reiterado en varias ocasiones el alcalde Juan Manuel Gastélum, como
autoridad municipal y como tijuanenses estamos conscientes de que el proceder
de los agentes preventivos debe ser en apoyo y no en perjuicio de los
ciudadanos; aquí recibiremos cualquier queja o denuncia alusiva al mal proceder
de un funcionario público y se investigarán los casos conforme a Derecho”, dijo
Guzmán Valverde.
Sobre
el expediente de queja Q/181/2016 iniciado el 4 de abril de 2016, indicó que
personal del área de quejas adscrito a la Dirección de Responsabilidades de la
Sindicatura Procuradora del 21 Ayuntamiento, registró la declaración de
empleados de una casa de cambio ubicada en la Calle Diez, delegación Zona
Centro.
Los
quejosos, conforme al acta de comparecencia, denunciaron que el 1 de abril de
2016, dos hombres que después fueron identificados como agentes en activo,
mismos que tripulaban una unidad policiaca con estrobos, una camioneta blanca
tipo patrulla, los detuvieron en la carretera a Playas de Rosarito.
Afirmaron
que los policías les apuntaron con armas de fuego, los bajaron del auto,
esposaron, interrogaron, amenazaron y despojaron de 200 mil pesos en efectivo;
lo cual después se denunció como robo con violencia ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), anexando copia del acta correspondiente
al expediente de queja.
Testigos
tomaron las características del vehículo y placas, y resultó pertenecer al
Ayuntamiento de Tijuana, específicamente al Grupo de Fuerzas Especiales, afirmó
Guzmán Valverde.
En la
investigación, de las diligencias realizadas se desprende que hubo un probable
incumplimiento de obligaciones y o requisitos de permanencia establecidos en la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, por parte de los
oficiales.
Por
ello, agregó, la Dirección de Responsabilidades en coordinación con la
Dirección de Asuntos Internos de esta Sindicatura giraron oficios a diversos
departamentos de la SSPM, a Oficialía Mayor y otras instancias del gobierno
municipal; hasta declarar agotada la etapa de instrucción y decretar
formalmente la conclusión de la investigación administrativa del expediente
Q/181/2016.
“En la
indagatoria se revisaron la factura y tarjeta de circulación de la unidad con
las placas denunciadas, el resguardo de vehículos, los informes de autoridad
del Oficial Mayor, y de López Medina en su carácter de Encargado de Despacho de
la SSPM del XXI Ayuntamiento, los formatos de movimiento de personal,
nombramientos y memorándum de comisiones; y se demostró que ambos agentes
tripulaban dicha unidad en la fecha y horas referidas en la queja”, señaló la
Síndico.
Agregó
que finalmente se determinó que existen elementos suficientes para presumir que
incumplieron obligaciones previstas en el Artículo 133 fracciones I y XXVI de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California; y en el Artículo 25
fracciones I y XXXI del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la
SSPM.
Guzmán Valverde reiteró que, vistas las
actuaciones que integran la investigación administrativa Q/181/2016, los
agentes presuntamente incumplieron los requisitos previstos en los
ordenamientos constitucionales y legales aplicables; y sobre los señalamientos
directos de los afectados de que se apoderaron de 200 mil pesos en efectivo,
como se trata de una conducta presumiblemente delictuosa, del tema se ocupará
el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) por ser de su competencia.
