Con ello, la administración pública encabezada por la
presidenta municipal, Karla Patricia Ruiz Macfarland, y la tesorera municipal,
Olga Angélica Alcalá Pescador, mejoró la calificación en los 6 rubros
considerados en el Programa Anual de Evaluación (PAE) bajo la modalidad de
“Consistencia y Resultado”; además, cumplió con la normatividad que exige
anualmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, mantuvo la congruencia de los programas
enfocados en el bienestar de la población, mediante la atención a los grupos
más vulnerables, con lo que aseguró que el destino de los recursos recayera en
quien de verdad lo necesitaba, logrando que la propia ciudadanía percibiera
mayor beneficio y protección.
“El XXIII Ayuntamiento está cumpliendo de manera
satisfactoria. Los 23 programas permanecen en un nivel de cumplimiento. Sobre
el tema del diseño, hay un crecimiento exponencial; en planeación, se alcanzaron
buenas condiciones para la ciudadanía; en focalización, se tuvo un incremento
al igual que en operación”, señaló el coordinador de Indecc, Víctor Octavio
Soto Aguilar.
A su vez, el funcionario explicó que, referente al
tema de la percepción que tiene la ciudadanía respecto a sentirse beneficiada
por medio de los programas, también se avanzó 6 puntos porcentuales, pues en el
2017 tal rubro se encontraba en un nivel bajo de cumplimiento, en 2019 ascendió
a nivel medio, y este año logró mantenerse en un punto con incremento
considerable.
“Hemos identificado las zonas de atención prioritaria
según su localidad, y además hemos alineado los esfuerzos a nivel nacional,
estatal y municipal, incluso, con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU. Todo ello se diseñó así para tener objetivos globales que nos permitieran
contribuir a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible
con metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años”, aseguró
Ruiz Macfarland.
Por su parte, la tesorera municipal, Olga Angélica
Alcalá Pescador, explicó que la evaluación se continúa llevando a cabo, en
cumplimiento con la normatividad y leyes que el gobierno federal exige que se
realicen cada año por un ente externo al aparato municipal, a fin de examinar
el presupuesto destinado para los programas, y conocer si se direccionó de
manera correcta, con honestidad y transparencia, asegurando la administración
de los recursos de forma eficaz.
Como resultado de ese proceso, este año fue
seleccionado el Indecc para realizar el análisis, bajo la modalidad de
“Consistencia y Resultados” aplicable a la revisión de 23 programas (10 del
gobierno central y 13 de paramunicipales), la cual comenzó en mayo y finalizará
los últimos días de agosto, por lo que este informe preliminar permitirá
realizar las aclaraciones y observaciones pertinentes a los datos obtenidos.
“Para nosotros es muy importante que un agente
externo nos evalúe de manera imparcial, pues propicia que los modelos de
difusión y hacedores de la política social usen los análisis y recomendaciones
sobre el estado del desarrollo social”, enfatizó Alcalá Pescador.
La funcionaria indicó que el objetivo de dicha
evaluación se centró en el análisis de 6 rubros: valorar la forma en la que se
diseñaron los programas de gasto federalizado, calificar los instrumentos
utilizados para la planeación con enfoque a resultados, identificar el nivel de
efectividad para determinar la cobertura y su focalización.
Asimismo, revisar que el gasto se ejerza con apego a
la normatividad, leyes y reglas de operación específicas para cada programa,
verificar que los instrumentos que se utilizan sean los adecuados para poder
medir el nivel de satisfacción de la población y, medir los resultados del
programa y su contribución en la solución o disminución de la problemática
social.
Lo anterior, además, sirve para revisar que el gasto
se ejerce con apego a la normatividad, leyes y reglas de operación específicas
para cada programa; verificar que los instrumentos que se utilizan sean los
adecuados a propósito de poder medir el nivel de satisfacción de la población;
medir los resultados del programa y su contribución en la solución o
disminución de la problemática social.
Finalmente, la tesorera municipal recalcó que esta evaluación es clave para planear, programar y presupuestar el siguiente ejercicio fiscal 2022 y, con ello, asegurar que cada meta y acción implementada contribuya a lograr los objetivos del Plan de Desarrollo de la siguiente administración.
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