El esquema se
enfoca en realizar una investigación junto a la representación, en este caso la
Fiscalía General de la República (FGR), así como asumir el reconocimiento de
responsabilidad del Estado mexicano, entregar una compensación económica,
implementar medidas de rehabilitación y garantizar la no repetición de este
tipo de crímenes que atentan contra la vida y el derecho a la libertad de
expresión en el país.
En la
conferencia matutina, Encinas Rodríguez informó que a partir de 2018 el
acercamiento del gobierno federal, las autoridades ministeriales y la familia
de la víctima ha sido permanente.
Dijo que en
diciembre pasado sostuvo una reunión con la familia y sus representantes para
darle seguimiento a la atención del caso, que se encuentra en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el pasado lunes 5 volvieron a
entrevistarse para darle continuidad al tema de la búsqueda del periodista.
La CIDH conoció
del caso de la desaparición del periodista sonorense en 2009 y seis años
después, en 2015, el organismo multilateral admitió el asunto por considerar
que el Estado mexicano incurrió en una serie de crímenes graves como
“violaciones a la integridad y libertad personal, garantías judiciales,
libertad de pensamiento y de expresión, y protección judicial”, explicó
Encinas.
El periodista
Alfredo Jiménez Mota fue desaparecido en marzo de 2005 en la ciudad de
Hermosillo, Sonora cuando acudió a una reunión con una fuente informativa que
hasta el momento se desconoce.
En ese entonces,
Jiménez Mota, de 26 años, originario de Empalme, Sonora, y reportero en el
diario El Imparcial, cubría temas de seguridad, corrupción y narcotráfico,
según sus reseñas. (Con información de Proceso)
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