BAJA CALIFORNIA
Por: Steven Sxkovedo
Redacción/Quihubole!!!
MEXICALI, a 29 de agosto de 2019.- El
Pleno de la XXIII Legislatura aprobó la iniciativa presentada por la diputada
Monserrat Caballero Ramírez, con el objeto de reformar la Ley de Entrega y
Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, así como la Ley de
Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Baja California.
La propuesta fue presentada a nombre de
Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de
Baja California, y Transformemos, como parte de los trabajos realizadas en la
anterior sesión ordinaria.
El dictamen número uno de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que fue leído en tribuna
por el presidente de este órgano legislativo, diputado Juan Manuel Molina
García, se aprobó de manera unánime en lo general durante la sesión de este
jueves y que fue conducida por el diputado Catalino Zavala Márquez, en su
calidad de presidente de la Mesa Directiva.
El propósito de esta reforma es
adicionar un último párrafo al artículo 11 y reformar los artículos 13 y 23, de
la primera de las leyes mencionadas, además de adicionar un párrafo al artículo
57 de la Ley de Responsabilidades.
El objetivo que persiguen los
inicialistas es establecer las condiciones legales para llevar a cabo el proceso
de transición en un marco serio y responsable, “porque las autoridades
obligadas a hacer la entrega se están comportando con poca seriedad, por decir
lo menos” se asevera en los considerandos de la propuesta.
En el caso del párrafo añadido se establece:
“Toda la información contenida en las fracciones anteriores deberá estar a
disposición de las comisiones de enlace nombradas por la autoridad pública
entrante de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de esta misma ley, el día
después de que haya sido reconocida legalmente por la autoridad competente”.
En este mismo artículo se especifica que
la autoridad pública entrante estatal o municipales, “constituirá comisiones de
enlace de inmediato, para que, en coordinación con la autoridad obligada a hacer
la entrega, quien igualmente deberá constituir las comisiones correspondientes,
inicien la transferencia de información, inmediatamente, sobre el estado en que
se encuentren los asuntos relacionados con recursos financieros y materiales.
En el texto de este mandato se precisa
que los salientes deberán entregar o mostrar toda la información que les sea
solicitada y que “el servidor público que se niegue a brindar la información
requerida, estará cometiendo una falta grave en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California”.
Respecto a esta última, también se
planteó reformarla en su artículo 57 para asentar que “constituye abuso de
funciones de un servidor público el retraso, la dilación o la negativa a
responder sin demora, con diligencia y prontitud a cualquier solicitud de
información de parte de las comisiones de enlace previstas en el artículo 13 de
la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos”.
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