“Nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias y que por eso esa actitud; o que aun siendo trabajadores del Poder Judicial no vivan sólo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial”, agregó López Obrador.
El jefe del Ejecutivo federal, de forma irónica, opinó inclusive irónico… “el caso de los jueces, ¿se supone que están en huelga no? Pero sí, ojalá se mantuviesen en huelga porque siguen tomando ese tipo de decisiones (favorables a los intereses de las minorías). Yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico, porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal”.
Por ello, insistió que quienes promueven las movilizaciones en el sector “están actuando fuera de la legalidad. Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial y no sólo a los trabajadores, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y necesidades que prevalecen en el Poder Judicial, los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia”.
Más adelante, al ser cuestionado que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no se haya pronunciado en torno a los amparos tramitados por diversos sectores en contra de la reforma judicial.
El mandatario federal reiteró que los amparos en contra de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial no tienen fundamento legal.
“Ahora hay amparos para todo ¿Qué no hay un ministro de la Corte, de esos que invocan casi siempre de manera hipócrita el Estado de derecho, que pueda llamar a la sensatez? Para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario, ilegal, que viola la Constitución. ¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal?”.
Cuestionó incluso que se haya presentado un amparo para que Instituto Nacional Electoral no realice la elección de los jueces, los magistrados y los ministros, como lo establece la nueva normativa.
¿Cuál es el fundamento? Hasta el ex ministro de renombre, Diego Valadés, declaró de que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Pero ¿por qué la presidenta del Poder Judicial (Piña) no fija su postura sobre esto? ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de derecho? Se quedan callados”, finalizó.
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