* La menor recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, los servicios de salud, pensiones y vivienda, afirmó.
* En diciembre de 2019, el Seguro Social detectó a 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo su personal. Esa decisión afectó a alrededor de 64 mil trabajadores.
CDMEX
Por: Steven Sxkovedo
Redacción/Quihubole!!!
CIUDAD DE MEXICO, a 12 de febrero de 2020.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que debido a la subcontratación ilegal hay una evasión que supera los 21 mil millones de pesos anuales, lo cual ha afectado en tres dimensiones: trabajadores, empresas e instituciones del Gobierno Federal, en particular al propio Instituto.
Durante la inauguración del Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, que se llevó a cabo en el Senado de la República, el titular del IMSS señaló que este monto significa para el Seguro Social lo equivalente a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención.
“Yo prefiero que los trabajadores en este país tengan mejores hospitales, mejores servicios y cada vez haya menos empresarios presumiendo sus aviones, yates, autos y relojes”, enfatizó.
Indicó que en diciembre de 2019, el Seguro Social detectó a 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo su personal, que van de 101 hasta 500 empleados o más. Esa decisión afectó a alrededor de 64 mil trabajadores y sus familias.
Zoé Robledo dijo que al dar de baja a los trabajadores por varios periodos al año, ocasiona que pierdan asistencia médica. Esta discontinuidad en los derechos, en casos sobre todo de enfermedades crónico degenerativas, hacen que cuando alguien deja de recibir un tratamiento, y eventualmente lo regresan en un periodo posterior, muchas veces ya llega con una complicación adicional en esa enfermedad.
Señaló las principales afectaciones de la subcontratación ilegal: se abarata el costo de la mano de obra, disminuyen para los trabajadores sus ingresos y prestaciones, tienen menos estabilidad en el empleo, dejan de recibir ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación; además, se les registra con un salario menor al real, lo que repercute en sus ahorros para el retiro y pensión.
Subrayó que la menor recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, servicios de salud y pensiones y, en el caso del Infonavit, la vivienda; además, se entorpece el crecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las instituciones públicas, para ofrecer mayores y mejores servicios de seguridad social.
El Outsourcing, dijo, también tiene que ver con urgencias saturadas, con tiempos de espera, porque fueron muchos años que se generó un entorno de normalización, no pasaba nada a las empresas que realizaban estas prácticas, pero a quien se afecta es al Seguro Social que atiende a los trabajadores.
Indicó que, como el colesterol, hay Outsourcing bueno y malo, “si nos ponemos de acuerdo en que hay una situación que no podemos generalizar, donde una organización se puede ayudar con reglas establecidas, tenemos que fortalecerlo; pero cuando hay abusos, engaños, simulaciones y arbitrariedades, no las podemos permitir. Cuando tenemos esta cara del agandalle, de los vivales, dañamos a todos los que pueden estar haciendo un uso correcto”.
Celebró que se lleve a cabo este Parlamento Abierto porque será un ejercicio real. Si abrimos las puertas es para escuchar y encontrar soluciones, encuentros donde la política finalmente sirva para lo que siempre debió haber servido, y no para encubrir a unos cuantos que han hecho y amasado fortunas.
En el evento de inauguración estuvieron presentes la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa; el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, Napoleón Gómez Urrutia; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; la directora de la oficina para países México y Cuba de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Gerardina González Marroquín; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, entre otros. (B- 075 /2020).
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