Para ello, el Dip.
Marco Antonio Corona plantea reformar la Constitución local
BAJA
CALIFORNIA
Redacción/Quihubole!!!
MEXICALI, a 7 de
noviembre de 2016.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI)
propuso una reforma al artículo 27 de la Constitución local, con el propósito
de que cuando la autoridad exhortada no dé una respuesta dentro del plazo
establecido, ésta deberá comparecer, según se determine, ante el Pleno del
Congreso o ante alguna de sus comisiones, dependiendo de la materia sobre la
cual verse el punto de acuerdo. Lo anterior, a fin de que las diversas
autoridades respondan formalmente al exhorto realizado.
Por otro lado, la
modificación constitucional establece que en el supuesto de que el servidor
público exhortado no comparezca dentro del plazo otorgado, se propone
sancionarlo de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
Corona Bolaños Cacho
expresó que una de las facultades del Poder Legislativo, consiste en emitir
puntos de acuerdos económicos y exhortos dirigidos a diversos servidores
públicos de los distintos órdenes de gobierno sobre algún tema de interés
público y, que por lo mismo, refleja el consenso mayoritario del Congreso.
Agregó que la
finalidad de estos es que se atienda una problemática social, pero que
desafortunadamente “es común que las autoridades exhortadas no atienden esta
clase de acuerdos, incluso a pesar de que la mayoría de estas peticiones se
suscitan en virtud de una situación calificada como de urgente y obvia resolución
y, que por ende, requieren de una pronta solución”.
En ese sentido,
indicó que su propuesta va en el sentido de impulsar “mecanismos que permitan
propiciar y fortalecer la corresponsabilidad para incrementar las capacidades
de respuesta institucional, pues a final de cuentas, el bienestar de los
bajacalifornianos debe ser una meta común de las autoridades locales”.
El legislador Marco
Antonio Corona puntualizó que los ciudadanos exigen y merecen resultados, y
para ello es necesario fortalecer la corresponsabilidad en el quehacer público,
así como redimensionar los alcances del principio de colaboración de poderes y
de la coordinación institucional.
“Bajo esta realidad,
establezcamos medidas que propicien la construcción de un orden jurídico
enfocado a satisfacer las expectativas sociales de una manera pronta y
suficiente”, concluyó.
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