Las Agresiones al Diario Contrapoder en Chiapas
Lo
descubierto y difundido por la organización Reporteros sin Fronteras deshonra a
México y a sus instituciones republicanas; desde el año 2000 a la fecha han
sido asesinados 91 periodistas, mientras 17 permanecen desaparecidos
Por:
Roberto Domínguez Cortés
Agosto
14, 2016.- La libertad de expresión es la primera y más grande de todas las
libertades. Es, por antonomasia, el
medio idóneo para darles voz a los que no la tienen. A los agraviados, a los ofendidos, a los
perseguidos injustamente; a los olvidados del destino. A los que quisieran hablar, pero que callan
por miedo, por conveniencia o complicidad.
Sin
embargo, más allá de todos esos atributos inherentes a la libertad de
expresión, es un derecho humano básico, constitucional, esencial y fundamental
para vigilar el ejercicio desproporcionado del poder cuando falla el órgano
legislativo para controlar los excesos del Poder Ejecutivo. Cuando el equilibrio de poderes no funciona,
la prensa, en todas sus modalidades y expresiones, asume su condición de un
cuarto poder como único freno a los poderes formales constituidos, conforme a
lo que debería de ser un Estado de derecho.
Lo malo
emerge cuando todas esas virtudes atribuidas a la libertad de expresión se ven
empañadas por el acoso, la intimidación e incluso la muerte de quienes ejercen
un periodismo libre e independiente.
Desafortunadamente, para vergüenza de México, México tiene el primer
lugar en asesinatos de periodistas, sólo por debajo de Irak, con la
circunstancia de que en los antiguos dominios de Saddam Hussein se vive en estado
permanente de guerra.
Lo
descubierto y difundido por la organización Reporteros sin Fronteras deshonra a
México y a sus instituciones republicanas.
Desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 91 periodistas,
mientras 17 permanecen desaparecidos.
Sólo en el año 2015, ocho comunicadores fueron asesinados, la mayoría de
ellos en Veracruz, en el infierno de Javier Duarte, ese remedo de dictador y
paradigma de la más grande corrupción en nuestro país. Están ahí los homicidios, nunca aclarados, de
la reportera Anabel Flores Salazar, Gabriel Fonseca, de “El Mañanero”, Miguel
Morales, del “Diario de Poza Rica”, Sergio Landa, del “Diario Cardel”, y la
corresponsal, de Proceso, Regina Martínez.
La
importancia de la libertad de expresión quedó de manifiesto cuando en el año
2004, a iniciativa de la Asociación Mexicana de Editores, se creó la primera
Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas,
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría
General de la República, a cargo del doctor Mario Álvarez Ledesma.
Uno de
los grandes logros alcanzados fue el de considerar como delitos federales todo
acto atentatorio en contra de la libertad de expresión. Fue el antecedente directo de la reforma
constitucional incluida en el artículo 73 de la Carta Magna: “Las autoridades
federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan
relación con (…) delitos contra periodistas, personas o instalaciones que
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión
o imprenta”.
Lo malo
es que, en la realidad, todo lo pregonado alrededor de la libertad de expresión
deriva en simple retórica y lamentable demagogia, empañada desde el poder
público, la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad pública. O sea, las instituciones encargadas de dar
protección a los derechos humanos convertidas en las primeras en atentar contra
de difusión de las ideas y el derecho a informar a la ciudadanía.
Ahora
mismo, en el estado de Chiapas, se ha desatado una feroz persecución en contra
del “Diario Contrapoder”. Desde su primera edición, el 19 de agosto de 2013, se
le nominó candidato a desaparecer. Uno,
por no contar con el apoyo oficial y, dos, bajo la apuesta de que no resistiría
los apretones del aparato del Estado.
Como en
los mejores tiempos de Goebbels (Joseph Paul),
ministro de propaganda de Adolph Hitler, se bloqueó su circulación con
la consigna, a los encargados del reparto a los voceadores, de impedir su
distribución. Esa política de
comunicación social resultó un fracaso.
La siguiente medida fue recompensar con mil pesos mensuales a cada
voceador a cambio de no vender el periódico.
Tampoco resultó. Desde la
clandestinidad, y casi en calidad de delito, se vendía el Contrapoder.
Finalmente,
gracias a la tenacidad de los triunviratos voceadores, lectores y su
propietario, José Adriano Anaya, el rotativo logró imponerse y se convirtió en
una opción regida por tres propósitos fundamentales: Como medio que se debe a
la sociedad, como interlocutor válido de esa sociedad y como equilibrio para
frenar los excesos del poder.
Los
tres propósitos se cumplieron a cabalidad.
Tan se cumplieron que el número de visitas a la página del
“Contrapoder”, con todo y las interferencias,
asciende a 60 mil diarias. Sólo
que, paradójicamente, ese éxito editorial alentó a sus enemigos para intentar
bloquear, reiteradamente, su página de Internet, hasta lograrlo.
El día
viernes 5 de agosto, pasadas las siete de la noche, el “Diario Contrapoder”
sufrió un ataque cibernético que los expertos informativos denominan DDOS. El resultado de esa interferencia culmina en
que ningún lector puede accesar a la página.
Después de 12 horas, a las siete de la mañana del sábado 6, la página
logró ser, nuevamente, reactivada, pero pocas horas después fue, nuevamente,
desactivada.
La
empresa Hotsuar, con sede en Bélgica y una de las más prestigiosas por su
tecnología y capacidad de servicio, se declaró imposibilitada para reactivar la
página. El argumento fue que la
virulencia (sic) del ataque resultó de tal magnitud que impide la reactivación
de la página. La gravedad de la
interferencia puede medirse por la incapacidad de Hotsuar para resolver el
problema, ya que el ataque viene, simultáneamente, desde países y
localizaciones dispares. Esa forma de
intervenir evita que aun cuando el ataque sea bloqueado, aparecen nuevas
conexiones totalmente diferentes que impiden la reactivación de la página del
“Contrapoder”, de ahí que Hotsuar, ante la imposibilidad de la reactivación, se
declarara impotente para resolver el problema y recomendara buscar un proveedor
con mayor grado de especialización para combatir un ataque de esa magnitud.
La
denuncia periodística de José Adriano Anaya, independientemente de la penal, la
dirige en contra de Navor Francisco Ballinas Morales, quien durante el gobierno
del bandido drogadicto de Juan Sabines Guerrero estuvo bajo sospecha de haber
organizado una red de espionaje electrónico en contra de críticos, opositores y
cuanto ciudadano resultara candidato a ser perseguido.
Por la
enorme rapiña durante su administración, Juan Sabines ha sido severamente
criticado desde las páginas del diario. Es, pues, muy probable que haya
instruido a su antiguo subordinado, Ballinas Morales, interferir las
publicaciones en Internet del “Contrapoder”.
Ampliaremos…
