En ese sentido, López Obrador expresó “como poder está completamente distorsionado, impactado por la corrupción, es una instancia facciosa al servicio de las élites”.
Durante su conferencia, a pregunta expresa sobre los abusos de la banca privada, el presidente dijo que la problemática en este ámbito se extiende hasta el ejercicio de la abogacía, donde hay quienes salen de la carrera de Derecho y a los diez años ya se convierten en verdaderos gángsters. “Es un poder faccioso, está para atender nada más a los de arriba, no al pueblo.
Es un asunto complejo, su reforma no es fácil, porque tiene que ver no sólo con los jueces, magistrados y ministros, sino con su estructura. Tiene que ver con la abogacía y para que no se enojen los abogados, puedo decir lo mismo de los economistas.”
El ejecutivo Federal señaló que si se hiciera una renovación del total del Poder Judicial, de alrededor de unos mil 500 integrantes, para buscar personas idóneas, honestas y cercanas a la gente, “nos costará trabajo conseguirlos" . Si se quita eso y se le da oportunidad a los que están saliendo de las facultades, que vienen con todo el entusiasmo de hacer justicia, con la idea de que se aplique que al margen de la ley nadie, se podría renovar porque debe haber tribuales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte.
“La reforma del poder judicial, debe iniciar con los procesos educativos, dañó muchísimo el modelo neoliberal. Nada más se mide el daño que causó en la economía, declarando la guerra al narcotráfico, con la corrupción que imperaba, con la impunidad, con el contubernio del poder económico y político. No sólo fue eso, afectaron la educación, era una decadencia. Es un proceso de degradación progresiva”.
Por otro lado, a pregunta expresa sobre reformas al marco legal con que operan las instituciones financieras, el presidente López Obrador descartó modificarlo porque hizo el compromiso desde la campaña electoral, de que no se cambiarían las reglas de los bancos. Sin embargo, ofreció que se revisarían los posibles abusos contra los usuarios, porque una cosa es la ley que los regula y otra, los potenciales abusos de las instituciones.
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