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* El caso ya sacude a la sociedad de Xalapa y a los padres de familia de varios colegios* Se le busca imputar delitos que han
sido fabricados y violentan sus derechos humanos
Xalapa, Ver.- El proceso contra un
destacado catedrático de Xalapa y buen padre sacude hoy a la sociedad
veracruzana, sobre todo de esta ciudad, a quien le buscan imputar delitos que
han sido fabricados.
Padres de familia y personal de un
colegio han manifestado su inconformidad por el actuar de las autoridades
judiciales, señalando que la persona que lo acusa ha rechazado ante la
autoridad que se le realice una valoración psicológica profesional para
determinar si presenta algún problema, por las inconsistencias dolosas en que
basó su acusación.
En todo caso, advirtieron, estaría
utilizando a sus hijos como un arma de venganza, lo que se conoce en muchos
países y aquí en México, al ser integrado en los códigos civiles de diversas
entidades federativas, como alienación parental.
Incluso, refirieron que el pasado
1 de marzo se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
por el proceder de las autoridades judiciales de Veracruz, quienes durante el
proceso incurrieron en numerosas violaciones a las garantías individuales, a la
seguridad jurídica, a la legalidad y al debido proceso.
Consideraron pertinente que se
lleve a cabo una investigación y determinar si se aplica la ley o existe un
interés por torcerla en favor de la demandante.
El suceso demuestra una vez más
las fallas del sistema de justicia del estado de Veracruz. El maestro Javier
Breña es inocente, como lo muestran los documentos a los que tuvimos acceso y
que ya conocen los padres de familia del colegio en el que daba clases.
Entre las numerosas
inconsistencias del caso, expusieron que se comprobó desde el principio, con el
primer dictamen médico hecho por una profesional, que la supuesta víctima no
tenía daño físico, ni daño emocional.
Por otra parte, los psicólogos que
hicieron las evaluaciones y las entrevistas de las personas involucradas no
contaban con la especialidad ni presentaron documentación que los acreditara
como expertos en la materia. Únicamente emitieron opiniones sin utilizar en los
dictámenes pruebas verificables y profesionales.
Además, las autoridades de
justicia no siguieron el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y
Adolescencia, que debió guiar el actuar de los juzgadores, tanto en el número
de entrevistas hechas a los menores como en su formato, desatendiendo con esto
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Padres de familia del colegio
publicaron un desplegado para exigir al Poder Judicial que se libere a su
exdirector.
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