• El contrato adjudicado a esa empresa es
ilegal: presunto contubernio de funcionarios de la anterior administración
estatal, dijeron
Mexicali,
BC.- Diputados del Grupo Parlamentario del PAN, a la cabeza Juan Diego
Echavarría Ibarra, ofrecieron conferencia de prensa la mañana de este lunes 20
de febrero para anunciar que presentarán por su cuenta denuncia penal contra la
empresa ROMAFAN, S.A. también conocida como FISAMEX y contra funcionarios de
los organismos operadores de agua de la anterior administración (2020-2021).
Los
legisladores entregaron copias de un reporte de Auditoría Superior del Estado
que se practicó al contrato de servicios que pactó la anterior administración
estatal en tiempos del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, con el aval de los
consejos consultivos de los organismos operadores de agua, donde se señala que
ese contrato fue irregular e ilegal, que no se justificaba, que fue oneroso y
que más que cobros por servicios de agua (consumos, derechos de conexión, entre
otros), se convirtieron en actos de extorsión contra empresarios.
Echevarría
Ibarra junto con las diputadas Amintha Guadalupe Briceño Cinco y Santa
Alejandrina Corral Quintero informaron que derivado del reporte de la Auditoría
Superior del Estado, el Congreso del Estado debe dar vista a la Secretaría de
Honestidad del Estado y esta a su vez presentar denuncia penal ante la Fiscalía
General de Baja California, ante la presunción de diversos delitos como abuso
de autoridad, uso indebido de funciones y hasta extorsión.
Dieron a
conocer que en el periodo 2020-2021 en que actuó FISAMEX, se realizaron cobros
hasta por 1 mil 810 millones de pesos. Del total cobrado la empresa Fisamex se
llevó 354 millones de pesos de comisiones en razón del 20 por ciento del monto
total cobrado. Fisamex, añadieron, ni siquiera hizo trabajo de campo, todo lo
basó en trabajo de escritorio, lo que también violó cláusulas del contrato que
obtuvieron.
No se
justifica ese pago de 354 millones, señalaron los diputados panistas. Las
comisiones de agua con sus propios medios y personal pudieron haber hecho el
cobro. Hasta pagando a sus empleados horas extras no se hubiera desembolsado
tanto dinero. Con lo pagado a FISAMEX se hubieron dado mantenimiento mayor al
acueducto Río Colorado o realizar muchas otras obras y hasta evitar el aumento
anual en taridas de agua, aseguraron.
Pero por
encima de eso, se trata de cobros que caen en lo ilegal, no debieron haberse
realizado bajo eses procedimientos y menos haberse adjudicado contrato de
servicios en forma directa como se hizo, debió darse una licitación pública y
bajo otros términos, ajustados a la ley.
Los
legisladores informaron que distintos empresarios que se sintieron afectados
por los cobros, recurrieron a juicios y han logrado sentencias a su favor. El
Estado tendrá que devolver un total hasta ahora de 234 millones de pesos, más
lo que se acumule.
Echevarría Ibarra desatacó que el congreso como institución ha dado seguimiento a todo este tema de Fisamex, aprobado distintos acuerdos y debería mantener su seguimiento como lo ha hecho hasta ahora. Como Grupo Parlamentario actuarán en paralelo con una denuncia penal y recurrirán ante todas las instancias que sean posibles hasta que se resuelva de fondo el tema.
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