• La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta, destacó que la Comisión Permanente de la pasada legislatura actuó en el marco de sus atribuciones
• Explicó que la Ley de Desarrollo Constitucional, misma que tiene rango constitucional en la materia, permite la integración de Concejos Municipales
• La LXVIII Legislatura acatará las determinaciones que en su momento establezcan las instancias jurisdiccionales con pleno respeto al principio de legalidad y acceso a la justicia.
En relación a la integración de concejos municipales en seis municipios del estado de Chiapas donde no se pudieron llevar a cabo elecciones, o bien éstas fueron anuladas por los tribunales electorales, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas, María de los Ángeles Trejo Huerta destacó que la LXVIII Legislatura acatará las determinaciones que en su momento establezcan las instancias jurisdiccionales a las que han acudido las personas inconformes.
Respecto a los diversos comentarios y declaraciones vertidas en distintos medios de comunicación en torno a este tema, destacó que la Comisión Permanente de la pasada Legislatura del Congreso del Estado actuó en el marco de sus atribuciones, ya que, si bien las sentencias de los tribunales electorales refieren a convocar a elecciones extraordinarias en donde éstas fueron anuladas, la Ley de Desarrollo Constitucional, misma que tiene rango constitucional en la materia, permite la integración de Concejos Municipales.
Cabe señalar que dicha Ley establece en su artículo 23 que: “Si por cualquier circunstancia no se hubiese efectuado la elección del Ayuntamiento en la fecha prevista o fuera declarada nula la elección, el Congreso del Estado tendrá la facultad para decidir la celebración de elecciones extraordinarias o para designar un Concejo Municipal integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas, debiendo reunir los mismos requisitos señalados en la presente Ley”.
En este sentido, Trejo Huerta explicó que los señalamientos de que la LXVII Legislatura actuó arbitrariamente o al margen de la Ley carecen de sustento, y si hay un problema de interpretación de la norma, tendrá que ser resuelta por las instancias jurisdiccionales a donde han acudido de manera legítima los inconformes.
Asimismo, precisó que la Comisión Permanente de la LXVII Legislatura tomó dicha decisión en función de la información que la Secretaría General de Gobierno le hizo llegar en su momento sobre la problemática social en esos municipios. “La determinación se asumió responsablemente privilegiando la vida y la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos, y buscando la paz social de nuestros pueblos, en donde se tiene calidad de garante”.
En otro momento, aseguró que la actual Legislatura presentará todos los informes y requerimientos de información que soliciten las instancias jurisdiccionales como parte de los juicios que ya fueron presentados. Mientras tanto, hizo un llamado respetuoso a los actores sociales y políticos de esos municipios, a los partidos políticos y a las instancias de gobierno, a que entre todos y todas abonemos a la necesaria estabilidad social.
“Tanto en este, como en los distintos temas de la agenda pública de nuestra entidad, la LXVIII Legislatura es y será una instancia comprometida con escuchar al pueblo, y en privilegiar el diálogo y el respeto a las instituciones”, concluyó.
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