DIÁLOGO
NACIONAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
La realidad
actual del país ha desbordado las fórmulas tradicionales de compromiso y
acuerdo entre los actores políticos y sociales.
Como causa y efecto de una sucesión de acontecimientos, surgen nuevas demandas y actores políticos y se desencadenan problemáticas latentes por los años subsecuentes.
Este reacomodo de intereses y fuerzas, ha adquirido dimensiones que obligan a la sociedad a reflexionar sobre su propia capacidad de cambio.
La presencia de sectores
sociales y económicos, hasta hace poco instalados en una normalidad que parecía
estática y que hoy reasumen sus intereses y plantean rumbos y proyectos
distintos a los seguidos en los últimos años, son algunas de las principales
expresiones de este nuevo contexto nacional.
Los
insuficientes cambios ocurridos durante décadas de estabilidad y la presión posterior
de sucesivas crisis económicas y políticas, han obligado a los actores
políticos a enfrentar una realidad en la que los usos y normas no responden ya
a las expectativas de la sociedad.
El descontento
social necesita cauces institucionales que conduzcan a la construcción de un
nuevo pacto refundacional cuya expresión
sea una profunda Reforma Democrática del
Estado Mexicano.
Su modelo, diseño y estructuración es una tarea que compete a todas y todos los
ciudadanos de México.
La organización
partidaria como fórmula democrática de convivencia, ha permitido garantizar
procedimientos estables en la elección de representantes populares, sin
embargo, resulta conveniente que el ejercicio partidista identifique la
dimensión particular y diferente de cada
fenómeno político; así poder contribuir de mejor manera a resolver las tareas
nacionales.
El dinamismo de
la vida política nacional, en las últimas décadas es impresionante.
Su efecto más
directo es que las tareas del desarrollo político se han extendido hasta
involucrar a nuevos agentes políticos, quienes ahora resultan indispensables
protagonistas en el diseño de soluciones de alcance nacional.
Para estos
efectos la representatividad que ya se alcanza con la vigencia de los partidos
tiene que enriquecerse con las contribuciones de otros foros, agrupaciones
gremiales y empresariales, pueblos y comunidades indígenas que reúnen
voluntades y consensos regionales y sectoriales de incuestionable capacidad de
convocatoria e importancia.
Es de capital
importancia acabar con exclusiones y resentimientos y construir una nueva
concordia y unidad nacionales sobre la base de la democracia, la tolerancia y
la reconciliación social.
La fórmula
constitucional garantiza la integración democrática de las representaciones
federal y estatales con base en criterios territoriales.
Sin embargo ésta
no debe ser exclusiva, sino que debe entenderse como un espacio inicial para el
diseño creativo de fórmulas que incorporen expresiones y propuestas de otros
segmentos del Estado y de la sociedad; en el caso de agrupaciones sociales,
asumiendo las formas orgánicas que han decidido darse a sí mismas y
reconociéndoles legitimidad sin objetar su diversidad y autonomía ni
condicionar, autoritariamente, su incorporación al diálogo nacional, a que
adopten formatos reglamentarios de participación que ya parecen caducos.
En otro sentido,
amplios sectores largamente empeñados en el desarrollo de las vías
institucionales de acción política y en la preservación del Estado de derecho
se irritan ante la pretensión de los Pueblos Indígenas de ser reconocidos como
interlocutores para discutir el presente y el futuro de México, como si
contaran formalmente con la representación suficiente.
En el campo y en
la ciudad, entre asalariados, agricultores, comerciantes a escala y
microempresarios, cunden la suspicacia y la incredulidad hacia las propuestas
corporativas de dirigencias políticas y económicas, cada vez más lejanas de sus
bases.
Es urgente
salirle al paso al barrunto de la tormenta y contribuir a la formación y
solidaridad de interlocutores en este enorme conglomerado, pleno de suspicacias
y escepticismo hacia las iniciativas gubernamentales. Habrá que realizarse un
gran esfuerzo para demostrar que el Diálogo Nacional para la Reforma
Democrática del Estado, tiene una determinación incluyente, capaz de enfrentar
con éxito el reto organizativo que representa lograr acuerdos con grandes
grupos desarticulados por la crisis.
Es necesario
incorporar a los representantes del capital productivo, a todos aquellos que
arriesgan su patrimonio en empresas que hoy tienen un alto valor estratégico en
la generación de empleo y en el mantenimiento de la soberanía nacional.
Los cambios en
la distribución del ingreso son inevitables. El empobrecimiento sin
expectativas de millones de mexicanos conduce al desgarramiento de la nación.
Una repartición
moderna de la riqueza y las oportunidades sólo son posibles mediante el acuerdo
de todos los involucrados, destacadamente del capital y el trabajo.
En suma, el
impulso de un gran proceso de Diálogo Nacional para Reforma Democrática del
Estado tiene en la actual coyuntura la mejor oportunidad para la transición
hacia un nuevo régimen democrático e incluyente; que le brinde a la sociedad,
la certidumbre que anhela y reclama para vivir mejor.
EL CONGRESO DE
LA UNIÓN Y EL DIÁLOGO NACIONAL
En su momento,
el Congreso Constituyente de 1917 fue el escenario de una etapa particularmente
difícil de nuestra historia que permitió consensar el proyecto de país para el
siglo XX.
El actual cuerpo
legislativo tiene una responsabilidad similar en la definición y edificación de
la democracia mexicana del siglo XXI.
Constitucionalmente
el Congreso de la Unión es el depositario del Poder
Legislativo de
la Nación, la única entidad pública facultada para promulgar leyes o reformas a
la propia Constitución.
Políticamente
ofrece las mejores condiciones para organizar y conducir el proceso de Reforma
Democrática del Estado, por estar representadas en él todas las fuerzas
políticas que integran la representación nacional.
El proceso de
Reforma Democrática del Estado debe ser concebido como un sólido ejercicio de
federalismo, de coordinación interinstitucional y de amplia y democrática
concertación social, en el cual el Congreso de la Unión, de común acuerdo con
el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los
poderes de las entidades federativas, ayuntamientos y con una amplia y
compartida visión de inclusión social, sea el eje conductor y anfitrión del
gran cambio nacional.
Siendo el
Congreso de la Unión el poder en el que convergen todas las fuerzas políticas
que integran la representación nacional, y el escenario natural en el que deben
discutirse los grandes temas de interés general, compete al Poder Legislativo,
a través de sus cámaras, la organización del dialogo nacional.
Proponemos la
creación de una comisión legislativa conjunta, que organice el diálogo
nacional, con facultades amplias para elaborar la agenda para la construcción
de Reforma Democrática del Estado, que deberá ser aprobada por las cámaras en
el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Lo anterior, sin
menoscabo de la participación de otras comisiones ya existentes que habrán de
operar tiempos, modalidades y desarrollo del diálogo.
El Congreso de
la Unión es, por su esencia, el foro natural del diálogo nacional, el
convocante idóneo de los poderes Ejecutivo y Judicial y de todos los actores
políticos y sociales.
En él ya se
concreta un nivel esencial de la voluntad ciudadana, organizada en espacios geográficos,
y por la vía de los partidos, ahí se encuentra el trazo principal del espectro
político[1]ideológico vigente en la nación.
No se trata de
competir por titularidades con otras instancias del Estado, sino de garantizar
un Diálogo Nacional que cuente, desde la médula, con las mejores condiciones
desde su inicio.
Para México, una
transformación social de gran calado no es prescindible, es una necesidad de
cuya satisfacción dependen la paz interna, la unidad nacional, la soberanía y
la integridad territorial.
Ante la
inexorable trayectoria de los procesos económicos y financieros, que ha hecho
perder décadas de esfuerzo a millones de mexicanos, tiene importancia capital
restituir a la ciudadanía la capacidad de decidir sobre su futuro y destino.
La voluntad de
un pueblo está demostrada, ésta posee una fuerza arrolladora.
Las condiciones
de excepción provocadas por la crisis económica son oportunidad para que,
mediante una Reforma Democrática del Estado, se recupere plenamente el estado
de derecho, con la reivindicación de los compromisos constitucionales de
justicia y democracia.
El Estado, las
instituciones y los tres poderes de la unión deben crear las condiciones para
que el ciudadano rescate el derecho de ejercer cabalmente su dimensión original,
como protagonista de los procesos de búsqueda del bienestar y desarrollo
político.
Reforma
Democrática del Estado, con el pueblo y por la nación, es la consigna de una
amplia convocatoria incluyente, que permita procesar las diferencias y la
construcción de los acuerdos que la Nación reclama.
La Reforma
Democrática del Estado debe trascender a cúpulas y élites para convertirse en
un ejercicio profundamente democrático, cuyo requisito es la presencia activa
de la sociedad en la reformulación de sus relaciones con el Estado, concebido
éste como entidad subordinada a la voluntad colectiva.
El cambio hacia
un nuevo régimen y una democracia moderna no podrá omitir esta sentencia.
Al Gobierno de
la República, al Congreso de la Unión, a los partidos y corrientes políticas a
las organizaciones sociales, empresariales y de profesionales, como suma y en
particular a cada uno, tocará decidir el carácter de su participación: como
compañero de viaje en el gran curso nacional o como escollo avasallado.
REQUISITOS PARA
LA TRANSFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA
La profundidad
de la crisis y la propia dimensión de Reforma Democrática del Estado, entrañan
dos condicionantes:
1. Ampliar la
participación social, entendida como un proceso dinámico, de gran interacción
social, asimilado y asumido por la sociedad y el gobierno.
2. Consolidar la
credibilidad en las instituciones. En el actual tiempo de México, el diálogo
abierto entre gobierno y sociedad es el único medio para restituir y
salvaguardar el respeto, confiabilidad y la transformación de las instituciones
de la República.
LA NECESIDAD DE
LOS CONSENSOS
Reforma
Democrática del Estado debe ser el resultado de un proceso de diálogo,
tolerancia, acuerdo y suma de voluntades.
Requiere respeto
y mutuo reconocimiento de los interlocutores y el compromiso de encontrar por
la vía de las instituciones republicanas un futuro sólido para México.
Lo importante,
es que todos trabajemos intensamente para alcanzar los consensos, remontar las
resistencias y evitar la acumulación de tensiones.
México, tiene la
posibilidad de avanzar hacia una profunda Reforma Democrática del Estado
mediante un proceso de tránsito legal, negociado y pacífico, de un modelo sociopolítico
y económico agotado a un escenario que ofrezca nuevos espacios y reglas de
juego institucional para todos los actores políticos y sociales del país.
DIMENSIÓN DE LA
REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO
La orientación,
profundidad y extensión de Reforma Democrática del Estado serán fruto de la
voluntad de cambio y permanencia de la sociedad misma, expresada mediante un
amplio, meditado y consensado diálogo nacional, que recoja su persistente
demanda de una transformación institucional, constructiva y sin violencia.
México nunca ha
abjurado de sus ideales históricos. Ellos nos definen e identifican como nación
ante el mundo.
La realidad
nacional demanda un nuevo pacto de unidad republicana en lo económico, en lo
político y en lo social.
Es necesario,
dejar de considerar la gobernabilidad como un asunto de conducción
administrativa y técnica del país, para situarla como asunto prioritario del
Estado, con una acción centrada en las personas, sus necesidades y
aspiraciones, de modo que en una participación
democrática,
plural e incluyente se impulsen acuerdos políticos del más alto nivel, con
participación amplia de las fuerzas políticas y de la sociedad misma, bajo la
premisa de que es el momento de reconocer a la ciudadanía el peso político que
realmente le corresponde y la corresponsabilidad active en la definición del
nuevo México que está reclamando.
La evaluación de
la magnitud de esta situación debe ser el punto de partida para reflexionar sobre
el tamaño de las Cambios que habrán de acometerse.
Los cambios que
suceden y los que vendrán conforman el escenario de la transición en que la
Nación está inmersa. Distintas fuerzas confrontan proyectos divergentes. Por un
lado, un bloque disperso de sectores en pro de la democracia, que no acaban de
ponerse de acuerdo sobre los ritmos y las tareas concretas.
La democracia no
es un fin en sí misma.
Es sólo un
escenario, un medio para acordar civilizadamente la solución a nuestros
problemas y un modo de fijar derroteros para el futuro. La Historia nos enseña
que no se llega a ella de manera inexorable. A diferencia de otros momentos
históricos de cambio, el gran reto en la construcción de la Reforma Democrática
del Estado es que signifique un gran avance por la vía del diálogo y la
concertación.
En este sentido,
la característica principal es que deberá transitar por la vía de amplios
consensos.
El mayoriteo, el
aplastamiento del contrario, los acuerdos cupulares entre partidos, el
desprecio a las opiniones divergentes, nos han conducido a la presente
situación. Ese modelo de relación política ya se agotó.
Conviene buscar las coincidencias de opinión más que exigir deslindes. Con ese ánimo, la Reforma Democrática del Estado debe ser capaz de fortalecer a las instituciones que dimanan del estado de derecho; recuperar y mantener la paz interna; ejercer y ampliar los compromisos democráticos; modificar positivamente la distribución de la riqueza y abrir paso al desarrollo. Ante la evidencia de los hechos, revirtamos el proceso: construyamos por consensos. La Nación está en juego.
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