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El secretario de gobierno y el consejero jurídico entregaron la solicitud por escrito en el Congreso del Estado
El secretario de gobierno y el consejero jurídico entregaron la solicitud por escrito en el Congreso del Estado
BAJA
CALIFORNIA
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA, a 26 de julio de 2017.- Por
actuar con parcialidad, y desconocimiento del derecho, al resolver en contra
del ordenamiento urbano en el área de la línea internacional de San
Ysidro, la Alcaldía de Tijuana, solicitó
al Congreso del Estado un juicio político y la destitución inmediata, sanción e
inhabilitación de la magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Flora Arguilés Robert.
El secretario
de gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz y el Consejero Jurídico del
XXII Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez, entregaron dicha solicitud y
un expediente completo del caso en Oficialía de Partes de la Legislatura local,
así como la ratificación ante la presidencia del Congreso del Estado.
Raúl
Felipe Luévano externó que acudieron en representación de los miles de
tijuanenses con la intención de dialogar con los legisladores locales para
pedirles que velen por los intereses de la ciudadanía.
Señaló
que el procedimiento es que el presidente del Congreso Local le turne la
solicitud a la Comisión Jurisdiccional, y esta instancia es la encargada de
subirla al pleno de la Cámara de Diputados para ser votada.
El
Secretario General de Gobierno de Tijuana detalló, que por no acatar la
notificación de la magistrada para regresarles el permiso de los 9 sitios en el
área de la Garita Internacional al gremio de los Taxis Amarillos, el Secretario
de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor y el director de
Vialidad y Transporte, Javier Salas, recibieron un requerimiento y una sanción
antes del plazo que tenían para haber respondido esta notificación.
En el
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado tienen tres semanas de
vacaciones, y no aceptaron recibir la contestación de la administración
municipal por estar en este periodo de descanso, pero si emitieron otras
sanciones de nueva cuenta para los dos funcionarios mencionados, pese a que el
artículo 59 de esta misma institución establece que ante un caso relevante se
debe activar su guardia, recalcó Luévano Ruiz.
El
consejero jurídico, Leonardo Martínez explicó que un sitio de taxis es un
permiso para la ocupación temporal de la vía pública, y en el artículo 18 de la
Ley de edificaciones que tiene también relación con el artículo 219 del Reglamento de Tránsito,
indica que esa autorización puede ser revocada en el momento que la
administración municipal lo determine.
Además,
las autorizaciones que el gremio de taxis amarillos presentaban ya estaban
vencidas, la última era del 2015, y aun así la magistrada consideró la demanda
que pusieron los integrantes de este gremio en la Segunda Sala del Tribunal
Contencioso Administrativo del Estado, para emitir una resolución en contra de
los intereses de la ciudadanía, argumentó Leonardo Martínez.
El
secretario General de Gobierno argumentó que la intención es poner orden
respecto a la movilidad urbana del área de la Garita Internacional, devolver la
legalidad a esta zona, que es la cara de la ciudad para los visitantes
extranjeros, y es el punto geográfico conocido como la Puerta de México, por lo
que era prioritario atender la situación de un cúmulo de agravios por parte de
los taxistas amarillos hacia residentes y visitantes.
Raúl
Felipe Luévano manifestó que el actuar de la magistrada desnuda la moral y toma
decisiones con desconocimiento del derecho y la justicia, y estas acciones son
en contra de la esencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado.
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