El
diputado Luis Moreno propuso crear una Comisión Especial para investigar este
tipo de acciones contra comunicadores de parte de colaboradores del Gobernador;
así como separar del cargo y fincar responsabilidades legales a responsables.
BAJA
CALIFORNIA
Redacción/Quihubole!!!
MEXICALI,
a 10 de noviembre de 2016.- Durante su participación en tribuna del Congreso
del Estado, el diputado Luis Moreno Hernández presentó un posicionamiento a
nombre del Partido Encuentro Social (PES) para manifestar su solidaridad con
comunicadores que han denunciado que serían víctimas de una campaña de
desprestigio.
Ante el
pleno de la XXII Legislatura de Baja California, refirió que, en días pasados,
el periodismo estatal "se estremeció con la noticia que apareció en
algunos medios de comunicación que daban cuenta de una inminente campaña de
desprestigio en contra de reconocidas periodistas".
Tal
situación, expuso, deja en evidencia que en la entidad "la libertad de
expresión no es un derecho respetado, sino que la autoridad, al verse exhibida
por medios alternativos y críticos, eligen la peor de las opciones en una
democracia libre y participativa".
Refirió
que se trata de campañas negras que se instrumentan a través de portales y
redes sociales "para tratar de manchar la honorabilidad y prestigio de
periodistas como Adela Navarro Bello, directora del Semanario Zeta; y Dora
Elena Cortes, directora de Agencia Fronteriza de Noticias; dos personas que no
sólo han puesto en alto el ejercicio del periodismo en nuestra región, sino que
además han fortalecido el reconocimiento a la justa participación de la mujer
en los asuntos de la vida pública".
Moreno
agregó que, como según han difundido algunos otros periodistas, el hecho de que
el gobierno estatal pretenda atacar la vida privada de ambas comunicadoras,
"no sólo es un brutal atentado a la libertad de expresión y al ejercicio
de un periodismo objetivo, sino que además trata de coartar el derecho que
tenemos los bajacalifornianos de estar debida y suficientemente informados
sobre las acciones del gobierno y sus consecuencias económicas, políticas y
sociales para la población. Consecuencias que según vemos, por los distintos
niveles de gobierno tienen a la población sumergida en el hartazgo y la incredulidad".
Refirió
que ayer, por parte del Gobierno del Estado se publicó un desplegado donde se
deslinda de las denuncias, pero que a su juicio, "la respuesta a los
señalamientos fue vaga, poco comprometida y no asume un liderazgo activo que
plantee siquiera una investigación formal para deslindar
responsabilidades".
"El
negar sólo por negar, cuando se trata de revertir acusaciones, lo único que
hace es tratar de exhibir como mentirosas a las personas que con derecho
reclaman justicia. Por el contrario, en el ambiente político y periodístico de
nuestro Estado, es bien sabido que es lacerada de manera sistemática la
libertad de expresión", afirmó.
Moreno
Hernández hizo referencia a la política pública de comunicación social del
gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la cual, "como es sabido, es el
condicionar el presupuesto de la publicidad institucional a los contenidos en
medios de comunicación. A lo largo de tres años, parece que esta área de la
administración, Vega se ha empeñado a contratar publicidad a cambio de
actitudes acríticas hacia el desempeño de la administración estatal".
La ley
mordaza
El
legislador expuso que, lo más grave de estas acciones, es que se presume que
aplica el veto a periodistas incómodos que prestaban sus servicios en empresas
mediáticas, sobre todo las radiofónicas, y por lo anterior y por lo que se ve,
el Gobierno opta por instrumentar la llamada "Ley Mordaza".
"Yo
me pregunto. ¿Qué no se supone que Baja California ha sido cuna de cambios para
el bien de la democracia en México?. Aquí se vivió el primer gobierno de
alternancia. Aquí se efectuaron reformas electorales que luego fueron
replicadas a nivel nacional. Entonces ¿quién es el culpable de estos retrocesos
que nos recuerdan al México retrógrada donde la represión es el mecanismo ideal
para la perpetuación en el poder?", señaló.
Aludió
a casos ocurridos a nivel regional y nacional, donde se demuestra que ser
periodista en tiempos de violencia no es cosa fácil, "Y menos en estados
como este donde el crimen organizado se pasea a sus anchas como dueños de la
casa. En estas condiciones se presenta este atentado al prestigio y la
credibilidad de ambas comunicadoras y a los medios que dirigen".
Este
ataque planeado, dijo, que ha trascendido proviene de colaboradores del
Gobernador del Estado, además de significar un golpe al ejercicio de la
libertad, también pone en riesgo la integridad de Adela Navarro y Dora Elena
Cortes, por ello el PES celebra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), a través de su Quinta Visitaduría, ya haya tomado cartas en el asunto a
través del Mecanismo a Protección a Periodistas".
Separar
del cargo a responsables y crear Comisión Especial
"A
nombre propio y del Partido Encuentro Social, exigimos una respuesta urgente de
la autoridad estatal y que no sólo deslinde responsabilidades, sino que
inmediatamente separe de su cargo a las personas que han sido señaladas de ser
los artífices de esta campaña negra y abra una investigación respecto con
resultados prontos y que satisfagan a las partes afectadas", refirió.
De
comprobarse esta situación, agregó, se comprenderá también de dónde surgieron
las "campañas negras" en la contienda electoral "que atentaron
contra nuestros candidatos y de otros partidos, tratando dolosamente con ello
de manipular la percepción de los electores".
A nombre del PES, manifestó su solidaridad a
ambas periodistas, y al mismo tiempo reiteró la más enérgica condena a todo
intento de censura periodística.
Por lo
anterior, propuso que el pleno cree una Comisión Especial conformada por
diputados, periodistas, colegios de contadores, auditores externos y del propio
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, "para que se investigue a
cabalidad el manejo presupuestal que ejerce la Dirección de Comunicación Social
y sus direcciones tales como la de Imagen y Publicidad, y así confirmar lo que
muchos de nosotros hemos recogido del gremio periodístico, que los dineros
públicos se usan para intimidar, coaccionar o difamar a funcionarios,
adversarios políticos y periodistas".
"Desde
luego, será un ejercicio para provocar las causas penales en dado caso, y
presentar los resultados ante la opinión pública y la Agencia del Ministerio
Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, sancionar a quien fuera de la
Ley haya actuado, e incluso permitido u ordenado. Esto, compañeros diputados,
inquietará a funcionarios de lo más alto del gabinete estatal pero no por ello
debemos de insistir, para el bien de nuestro Estado, la plena transparencia de
los recursos, que ahora nos dicen, son escasos", concluyó Moreno
Hernández.
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