*Proyecto de Reforma
dejaría en manos de la Armada de México el escrutinio de leyes comerciales
**Desaparecerían a la
Marina Mercante con efectos para empresarios, agentes aduanales y trabajadores
de la cadena logística
Ciudad de México, 16 de mayo de 2016.- La Unión Nacional de
Transportistas Campesinos y el Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMAC) se pronunciaron en contra del proyecto de
Reforma del Gobierno Federal, que pretende militarizar las capitanías de puerto
con la propuesta de cambio a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
En Conferencia de prensa,
el presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos, Salvador
Rivera Castrellón, señaló que la iniciativa que actualmente se analiza en el
Congreso de la Unión, propone transferir las capitanías de puerto a la
Secretaría de Marina, lo que implica la desaparición de la Marina Mercante, que
ha venido siendo la responsable de aplicar la Ley vigente, el fomento al
comercio exterior de México y aplica los tratados internacionales en materia de
transporte de bienes y servicios.
La iniciativa federal es
contraria al espíritu de la Constitución
Política Mexicana, ya que dejaría en manos de los marineros de la Armada de
México el escrutinio de leyes comerciales civiles, cuando su labor fundamental
debe ser la de seguridad nacional.
“El almirante secretario
de Marina, Vidal Francisco Soberón, debe saber que su personal ha desperdiciado
el precario capital portuario, despilfarrado recursos económicos del
presupuesto federal, y es una total aberración permitir que las autoridades de
Marina Militar se ocupen de y no están preparados para ser empresarios, agentes
aduanales, administradores o industriales”.
Por su parte, capitán Cruz
Colorado Viccon, dirigente del Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMAC)
consideró que la aplicación de la actual Ley a cargo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el trabajo coordinado con los Marinos
Mercantes, ha permitido que los puertos hayan mejorado en conceptos como
seguridad, economía y eficiencia, pues se trata de personal preparado acorde a
la Legislación Marítima Internacional, con amplia y comprobada trayectoria profesional, y homologado para la aplicación
de convenios internacionales.
“El personal de la Marina
Mercante se ha preocupado por desarrollar tecnologías operativas en puertos y
la navegación en la mar, por lo que sería un error que la iniciativa presentada
por el secretario de Marina fuera aprobada por la Cámara de Senadores y se militarizara a los puertos, situación que
afectaría no sólo a los marinos mercantes, sino también a empresarios, agentes
aduanales y trabajadores de la cadena logística, de hacerlo; nuestro país
retrocedería 50 años”, apuntó.
Participó también el
ingeniero Enrique Othón Pacheco, secretario general de la Asociación Sindical
de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante de México, y el ingeniero
Antonio Moreno Alpuche, presidente de la Asociación de Oficiales en
Comunicaciones Marítimas, quienes precisaron que la aplicación de inspecciones
que realiza la Capitanía de Puerto, se refiere a técnicas aplicables a los
tratados internacionales y a los buques que
efectúan operaciones en los puertos mexicanos procedentes de otros
países, los cuales forman parte de los tratados comerciales. Por todo ello, a
los inspectores del país corresponde la verificación estatutaria de acuerdo con
la normatividad vigente, pero no corresponde a los marines militares.
Reconocieron que en el tema se inseguridad y narcotráfico, es
necesaria la intervención de la Secretaría de Marina, mediante la formación y
uso de los equipos con que dispone y en donde además es importante aumentar la
eficiencia del personal en todas las aduanas del país, a fin de dar mejores resultados en el sistema
de vigilancia de patrullas en los litorales mexicanos.
Finalmente, la Unión
Nacional de Transportistas Campesinos y el Frente Unido de Marinos Mercantes,
se pronunciaron y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto y a los
legisladores que paren esta iniciativa, que seguramente sería causa de grandes
pérdidas económicas y afectaría el esquema de empleo e incluso las relaciones
internacionales del comercio y transporte de bienes y servicios.
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