Siete de cada diez detenidos en BC,
víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pretende crear un instrumento
jurídico eficaz que establezca medidas de atención, protección y reparación
integral a víctimas de estos delitos
Mexicali, B.C., jueves 21 de enero
de 2016.- En Baja California el delito de la tortura se ha incrementado,
teniendo como estadística que siete de cada diez detenidos en la entidad
denuncian haber sido víctima de tratos crueles e inhumanos o degradantes, por
parte de las autoridades y servidores públicos, advirtió René Mendívil Acosta.
El coordinador de la bancada
tricolor, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes para el Estado de Baja California, a nombre de
los grupos parlamentarios del PRI, PT y PVEM.
Mendívil Acosta destacó que el
objetivo fundamental de su iniciativa es crear
un instrumento jurídico eficaz que establezca las medidas de atención,
ayuda, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas de los delitos
de tortura y otros tratos o penas crueles, así como establecer dichos tipos
penales, la distribución de competencias y formas de coordinación entre las
autoridades estatales y municipales para prevenir, investigar y sancionar estos
delitos.
“Quienes suscribimos la presente
iniciativa, proponemos una Ley necesaria en nuestro Estado, acorde a los
principios y tratados internacionales, que se adecua a las normas de derecho
interno y que pone por encima los intereses de las víctimas de estos delitos, para
lograr una mayor y mejor coordinación entre las autoridades de Baja California
para la prevención, investigación y sanción dichos delitos”, subrayó el legislador.
Con esto, dijo que se dará un paso
hacia delante para impulsar una política de prevención, que vincule
transversalmente a todos los órganos de la administración pública y que se
dirija a alcanzar la paz y la justicia social, como condición necesaria para el
desarrollo óptimo del individuo en la sociedad.
“Estamos convencidos que resulta necesario
transitar a una política de Estado de corresponsabilidad entre poderes, órdenes
de gobierno y ciudadanía, por ello, estamos comprometidos a impulsar las
reformas necesarias que permitan combatir de manera eficaz la delincuencia, los
tratos inhumanos o degradantes, la torturo y abatir los índices de seguridad”.
Para el eficaz cumplimiento de lo
establecido en la Ley que se propone, se plantea la creación de una Unidad
Especializada en los delitos a que se refiere la ley, misma que estará a cargo
de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En su exposición de motivos el
legislador citó como ejemplo que el 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez
Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal fueron
detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio
de Playas de Rosarito, sin orden de aprehensión o presentación y fueron
torturados.
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