En un
Estado democrático de derecho toda persona debe responder por sus actos
conforme a la ley, pero también tiene derecho a un proceso imparcial,
transparente y con pleno respeto a las garantías constitucionales y al debido
proceso.
La
aplicación de la justicia debe estar libre de cualquier sesgo político,
mediático o de oportunidad. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades
competentes para que este procedimiento se conduzca con absoluta objetividad,
respetando la presunción de inocencia y garantizando que cualquier
determinación se sustente exclusivamente en los hechos, las pruebas y el marco
jurídico aplicable.
La COPARMEX
espera que este caso no tenga el efecto de desviar la atención de otros asuntos
de interés público que también demandan claridad, transparencia y rendición de
cuentas, particularmente aquellos relacionados con señalamientos que han sido
formulados públicamente respecto de altos funcionarios del Gobierno del Estado
de Baja California. La exigencia de legalidad debe ser uniforme y sin
excepciones.
La
confianza en las instituciones se fortalece cuando la ley se aplica con el
mismo rigor para todos, sin distingos de cargo, filiación política, influencia
o condición personal. La justicia selectiva debilita al Estado de derecho; la
justicia imparcial lo fortalece.
COPARMEX
Ensenada hace un respetuoso llamado para que las autoridades competentes
continúen investigando y esclareciendo todos aquellos asuntos que sean de
interés público, con independencia, profesionalismo y estricto apego a la ley,
sin privilegiar unos casos sobre otros y sin permitir que exista percepción
alguna de parcialidad.
Los
ciudadanos de Baja California merecen instituciones sólidas, confiables y
autónomas, que actúen con transparencia y rindan cuentas de sus decisiones.
Sólo así será posible fortalecer la confianza en la procuración e impartición
de justicia.
En
COPARMEX Ensenada reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la seguridad
jurídica, la igualdad de todas las personas ante la ley y el fortalecimiento de
las instituciones democráticas.
La justicia debe ser imparcial, transparente y
pareja para todos. Sólo así se fortalece el Estado de derecho y la confianza de
la sociedad en sus instituciones.
Por ello vemos con preocupación que otros asuntos que involucran a actores políticos en temas relacionados con la delincuencia organizada, señalamientos puntuales de otros países con el crimen organizado y asuntos de gran relevancia relacionados con lavado de dinero y “huachicol fiscal”, no forman parte de las políticas de legalidad del gobierno federal.
Lamentamos coincidir con la percepción ciudadana de
que la aplicación de la Ley se hace de manera discrecional de acuerdo más a
criterios políticos para crear cortinas de humo ante otros temas que preocupan
al país.
Ante ello es urgente que la Fiscalía General de la
República actúe en el marco de su autonomía y deslinde responsabilidades con
pleno apego al estado derecho, con pruebas contundentes que no dejen lugar a
dudas de su actuación imparcial e institucional.
De igual manera, exigimos que la Ley se aplique por
igual a todos los involucrados en los delitos de “huachicol fiscal”, algunos de
ellos en ejercicio de encargos públicos, que han sido ampliamente señalados por
la opinión pública, incluso de otros países.
La COPARMEX Ensenada no aboga por nadie de manera oficiosa, simplemente exigimos la aplicación de la Ley con bases jurídicamente sólidas, sin sesgos políticos, sin consignas, de manera imparcial y con plena justicia.
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