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Se trata de una reforma a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales que propone la creación de una
Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que dependa del INE
Los partidos políticos entregarán
voluntariamente a la Comisión la lista de los aspirantes a candidatos y la
Comisión consultará a la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR, instancias que
analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable”
Con base en esa información los partidos
políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura
De encontrar información relevante las
instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, de acuerdo
con sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes
Ciudad de México, 21 de mayo de 2026.- La
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la
Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del
Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya
candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la
delincuencia organizada.
“Tiene que ver con evitar que haya algún
candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de
vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando,
platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de
una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”,
puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que
esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la
Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los
partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún
antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones;
sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado
mexicano presentarán denuncias.
La consejera Jurídica del Ejecutivo
Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de
Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales elegidos
y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
Esta Comisión servirá de vínculo entre los
partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad,
inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de
los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la
existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de
vínculos con la delincuencia organizada.
Detalló que la Comisión funcionaría de la
siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión
la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta a las
dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo”
o si “existe riesgo razonable”. Posteriormente la Comisión informa a los
partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o
dependencias que advierten ese riesgo, con base en ello los partidos políticos
n responsables de determinar si registran o no la candidatura; sin embargo, de
encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo con sus
atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.
Detalló que quienes deseen aspirar a una
candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político
que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de
Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.
Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.
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