Tijuana,
Baja California, jueves 10 de octubre de 2024.- Durante la discusión del
Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el
Congreso del Estado de Baja California no aprobó esta tarde la cuenta pública
del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al año 2022.
Al
respecto, el Diputado Jorge Ramos reconoció el trabajo realizado por los
técnicos del Organo Superior de Fiscalización del Congreso y solicitó que en su
caso, se dé aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado ante la posible
comisión de no sólo faltas administrativas sino también de delitos que
perjudiquen el patrimonio del ayuntamiento de Tijuana.
“Estamos
hablando en suma de alrededor de 400 millones de pesos en contratos adjudicados
que tienen que ver con prestación de servicios de los que ya hay servidores
públicos que cobran por desarrollar esa función y nos estamos acostumbrando a
escuchar cantidades como si fueran normales pero son 400 millones de pesos que
representa el 70% de la recaudación total del impuesto predial de la ciudad de
Tijuana”, señaló.
Tan
sólo para el cobro de cartera vencida del impuesto predial de la ciudad se
adjudicó un contrato por 47 millones de pesos y el saldo al final de ese
servicio es que no sólo no disminuyó sino que aumentó la cartera vencida a más
de 600 millones de pesos.
En
“Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar” se establece un
importe por 55 millones 630 mil 706 pesos correspondientes a la contratación de
seis proveedores para realizar el cobro del impuesto predial, de los cuales se
observa el incumplimiento de tres contratos que integran erogaciones por más de
27 millones de pesos.
De
lo anterior sobresale un contrato de prestación de servicios por más de 13
millones de pesos en los que no se ha encontrado registro ni del servicio
prestado ni de las evaluaciones y menos del resultado; actividades no
acreditadas por más de 8 millones 487 mil 486 pesos por cobranza prejudicial,
extrajudicial y judicial de la cartera y otro más por 5 millones 876 mil 363 pesos
por ejecución de embargos, remates y adjudicaciones.
Con
respecto al pase médico y turístico que recaudó más de 100 millones de pesos, y
del cual la Fiscalía Anticorrupción ya tiene una carpeta de investigación,
tampoco se encuentra información del destino de los recursos entregados a
asociaciones civiles y fundaciones, mucho menos conocimiento de los beneficios
para la población.
Los datos anteriores surgen de una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Baja California compuesto por técnicos profesionales que son expertos en ese servicio por lo que no proviene de una expresión personal sino de un dictamen que hoy fue entregado a los diputados y aprobado por unanimidad por los legisladores que conforman todas las fuerzas políticas en la entidad.
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