Dicha modificación a la Carta Magna enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, propone el aumento de las penas impuestas al transitarse de un delito patrimonial a uno contra la seguridad e integridad de las personas.
“Estamos seguros, seguras, que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca el bienestar y la protección de la población”, expresó la funcionaria.
El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión: engaño telefónico, amenazas telefónicas, los llamados montachoques y montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso y los monopolios en la distribución de diferentes productos.
En la acostumbrada conferencia de prensa, López Obrador externó que verdaderas estructuras delictivas cometen estos actos, por lo que se plantea modificar la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el propósito de desmantelar grupos dedicados a este crimen y llevarlos a proceso judicial, unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación de daños a las víctimas.
El planteamiento también prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito que afecta el patrimonio y la seguridad de la gente.
Cabe señalar que en enero de este año incrementaron 7.7 por ciento las extorsiones respecto al mismo mes de 2023, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta iniciativa de reforma es una herramienta eficaz para disminuir la extorsión y su diversificación, al tiempo que evitará la impunidad.
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