* En vez de reducir la edad penal, pues, tendría repercusión en otras normatividades que delimitan la mayoría de edad a los 18 años, y sus consecuencias naturales
* Como es una Ley Nacional, las reformas le corresponde al Congreso de la Unión, no a los Congresos locales
Tijuana, 5 de abril de 2023.- El Presidente del Gremio de Abogados Penalistas de México Delegación Baja California, Gabriel González Celestino invita al Congreso Regional que se celebrará el 28 de abril, para capacitar y certificar en materia de la Ley de Justicia Penal Para Adolescentes.
En su exposición ante medios de comunicación invitados por la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC) de Baja California, hizo precisiones sobre el contenido de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes, destacando que, si bien se fijó una pena máxima de 5 años, la Delegación que preside propondrá aumentar la penalidad a 8 años.
Lo anterior, indicó, en vez de reducir la edad penal, como lo están proponiendo algunos legisladores, pues, “no es factible”, ya que tendría repercusión en otras normatividades que delimitan la mayoría de edad a los 18 años, como es el caso de la edad para votar, para tener derecho a ingerir bebidas alcohólicas, a fumar, para manejar, y muchas otras regulaciones.
“No se ignora que los jóvenes buscan siempre romper con esas normas, y buscan cómo obtener productos que, por ley, solo mayores de edad pueden adquirir y consumir; sin embargo, esas leyes se basan en lo que la ciencia ha demostrado que el ser humano es plenamente maduro a partir de los 18 años de edad”, explicó.
“Tampoco minimiza que, individualmente, o atraídos por grupos delictivos, muchos menores de edad se atreven a delinquir, porque saben que no hay consecuencias de pena de cárcel para ellos, y, sobre todo, si tienen 17 años, a los 18 salen y quedan impunes; pero, por eso, propondremos que se eleve la penalidad, para que no alcancen la media, y la piensen dos veces en delinquir”, agregó.
González Celestino hizo referencias a estadísticas que indican que, cuando las sanciones se elevan, la incidencia delictiva disminuye, y, se trata precisamente de inhibir la comisión del delito; pero, están convencidos de que, la mejor medida es que, todos, padres de familia, sociedad y autoridades, trabajemos más en programas y medidas preventivas.
La participación juvenil en los delitos de alto impacto aumentó en un 30%, por la narco cultura, la cual aprovechan las células criminales, ya que, al reclutar menores de edad, éstos salen pronto libres, y los adultos no, los adultos pueden recibir penas de hasta 40 años de cárcel, acotó.
Por consiguiente, Gabriel González Celestino hace un llamado a fortalecer las familias con el rescate de valores, a supervisar más a los menores de edad, participar más con ellos, escucharlos y atenderlos más, lo cual es un reto en una circunstancia donde el padre y madre de familia tienen que trabajar, pero es donde el resto de la familia pueda hacer algo.
Para todo eso hay factibilidad de hacer reformas a leyes locales, pero, en materia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes, solamente el Congreso de la Unión es quien tiene competencia; “tal vez el Congreso local pueda hacer un exhorto, pero, eso y nada, es lo mismo”, aclaró.
Sobre el Congreso Regional, informó que, desde el decreto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes, en Tijuana se han capacitado 30 abogados en esa especialidad, pero, con el Congreso la meta es abarcar cientos de juristas a certificarse.
La Ley obliga a que no solamente los agentes del Ministerio Público y los jueces sean especializados en la materia de Justicia Penal Para Adolescentes, sino que, también, todos los abogados que tomen un caso de un menor de edad bajo proceso, tienen que ser certificados; “no pueden tomar esos casos si no están certificados”, recalcó González Celestino.
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