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Se procura brindar seguridad jurídica al patrimonio de los
bajacalifornianos
Mexicali, B.C., domingo 30 de octubre de
2022.- El diputado Sergio Moctezuma Martínez López, hizo entrega en Oficialía
de Partes del Congreso, de una iniciativa para reformar la Ley del Registro
Público de la Propiedad y Comercio para el Estado de Baja California, asentando
la responsabilidad para que los registradores y subregistradores verifiquen la
autenticidad de los documentos que sean presentados para su registro.
El legislador del Grupo Parlamentario de
Morena manifestó en su exposición de motivos que, desafortunadamente los
infractores de la ley no descansan, y encuentran nichos de oportunidad en
cualquier actividad, incluyendo la jurisdiccional y registral.
“Así, por ejemplo, nos encontramos con
escrituras públicas que no existen en el protocolo de ningún fedatario,
sentencias que no corresponden a ningún juicio ventilado previamente, que de
igual manera son inscritas afectando la partida registral y los derechos
previamente constituidos”, precisó.
Dicha iniciativa no pretende trastocar la naturaleza ni la validez de
los documentos públicos, solo se procura que se lleve a cabo una verificación
de estos antes de procesarlos administrativamente, aun cuando podría presumirse
la buena fe de los registradores y subregistradores.
Por ello necesario implementar mecanismos
preventivos en contra de la falsificación de documentos públicos, para evitar
en la medida de lo posible que dichos funcionarios inscriban documentos falsos,
ya sea de manera dolosa o culposa, sin haberse cerciorado previamente de su autenticidad,
asentó.
Sergio Moctezuma, dijo que este tema ha
sido un clamor por parte de barras y colegios de abogadas y abogados del
Estado, ya que en la reunión sostenida el día 19 de septiembre del año en
curso, le manifestaron que en su actividad diaria de litigio se encuentran con
una gran cantidad de documentación apócrifa.
Mencionó que lo anterior provoca una
afectación a los derechos de sus representados y la instauración de juicios,
cuya duración puede resultar en varios meses o años, para que la persona
afectada logre ser restituida en el goce y disfrute de sus derechos, finalizó
el legislador.
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