Mexicali,
BC..- Presidido por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez,
sesionó el pleno de integrantes del Mecanismo de Protección para defensores de
derechos humanos y periodistas en Baja California, donde se tomaron acuerdos
para consolidar, en primera instancia, la revisión de propuestas y lineamientos
que permitan mejorar sustantivamente este instrumento interinstitucional.
Cómo
parte del diálogo se acordó la conformación de una Comisión que redacte y
perfile los lineamientos operativos del mismo y a su vez los contenidos de la
ley que rija su aplicación.
Antes
de ello, revisarán las decenas de propuestas que los beneficiarios de este
Mecanismo plantearon por escrito y verbalmente en tres mesas públicas
realizadas en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Zavala
Márquez recordó que a finales de enero pasado se instaló oficialmente el
Mecanismo de Protección en Baja California en base al decreto emitido por la
Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, quien recientemente
signó un convenio de colaboración con el Mecanismo de Protección Federal en un
acto que contó con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez.
Con
estos avances, señaló el secretario general de Gobierno y presidente del
Mecanismo de Protección en Baja California, se avanza de manera importante para
consolidar un instrumento realmente preventivo, no reactivo, como lo plantearon
la Gobernadora y Encinas Rodríguez.
En
la sesión participaron como integrantes del Mecanismo la Subsecretaria de
Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Melba Adriana Olvera,
quien funge como secretaria ejecutiva del Mecanismo y representantes de las
secretarías de Seguridad Ciudadana y Hacienda, del Estado; de la Coordinación
de Gabinete del Ejecutivo del Estado; el titular de la Dirección de
Comunicación Social del Estado, Néstor Cruz Juárez y representantes de la
Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado.
De
igual manera, contó con representantes de los poderes Legislativo y Judicial
del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Fiscalía General
del Estado, de las direcciones de seguridad pública municipal; así como de
organizaciones de periodistas en Tijuana y Mexicali y de diversos colectivos.
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