• Además de las
denuncias por corrupción en el sistema estatal penitenciario.
Mexicali, BC., a 20 de noviembre del 2021.- La auto
asignación de agentes estatales para seguridad privada a beneficio de
exfuncionarios y sus familias, debe de investigarse y ser sancionada en caso de
encontrar irregularidades, expuso el diputado Diego Echevarría Ibarra.
Ante el pleno legislativo, emitió y fue aprobado por la
mayoría de los legisladores el punto de acuerdo dirigido a la gobernadora
Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que instruya y dé seguimiento a las
investigaciones a través de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública
que encabeza Rosina del Villar Casas.
Donde además de la auto asignación de agentes para
seguridad personal de Amador Rodríguez Lozano y Jesús Núñez Camacho, que
integraban el sistema estatal penitenciario, se de curso a investigar los
hechos de una denuncia por presunta corrupción al interior de las
penitenciarías del Estado.
Echevarría Ibarra puntualizó que la denuncia fue
interpuesta por la organización Ciudadanos por la Dignificación del Sistema
Estatal Penitenciario quienes reclaman actos de corrupción como el cobro para
entrega de bases laborales, solicitud de cuotas a los familiares para
beneficios de los internos o asignar comodidades, incluso cobro para acceder a
la libertad a través del indulto o la preliberación.
También puntualizó que la asignación de 3 agentes para
Rodríguez Lozano como ex secretario general de gobierno y a Núñez Camacho como
ex comisionado del sistema, además de dos agentes para sus familias por turno,
es injustificada. Además, se asignaron directamente tres días antes de terminar
la anterior administración, 2 automóviles oficiales con recursos públicos para
mantenimiento y gasolina para cada uno de ellos.
El diputado del PAN, criticó que los ex funcionarios del
gobierno de Jaime Bonilla hayan justificado el gasto al sentir riesgo de vida
por presos vinculados a organizaciones criminales del narcotráfico o por
terrorismo, cuando el sistema estatal penitenciario se aprobó hace apenas 18
meses y Núñez Camacho asumió el cargo durante únicamente 6 meses, pretendiendo
una protección mínima de un año.
"Está acción es un evidente abuso del poder que
implica desvío de recursos públicos, además de constituir un acto inmoral por
donde se vea, ante las necesidades que existen en materia penitenciaria y de
seguridad pública" remarcó el legislador.
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