• Se declararon como improcedentes las solicitudes de juicio político en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana, así como del Juez Primero de lo Penal
Mexicali, B. C., lunes 4 de octubre de 2021.- La Comisión de Reforma de
Estado y Jurisdiccional de la XXIV Legislatura, que preside la diputada Rocío
Adame Muñoz, aprobó con 6 votos a favor y 1 en contra, el proyecto de dictamen
de Juicio Político en contra de Armando Ayala Robles, presidente Municipal de
Ensenada.
En el uso de la voz, el titular
de la Consultoría Legislativa del Congreso local dijo que esta solicitud fue
presentada por los ciudadanos Diego Alejandro Lara Arregui, Carmen Lidia
Salazar Guerra, Brenda Aracely Valenzuela, Raúl Vera Rodríguez, Marisol Sánchez
García, Carmen Elizabeth Jiménez García y Adolfo Muñoz Benítez, en su calidad
de Regidoras y Regidores del XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
Explicó que los actos de ilegalidad que se le atribuyen al presidente
municipal, así como al secretario fedatario del Ayuntamiento, se derivan de la
mecánica procesal de las sesiones de Cabildo que culminaron con la aprobación
del Organismo Operador del Agua en Ensenada, situación que impidió que el
cuerpo colegiado edilicio, realizara las valoraciones de corte administrativo,
financiero, institucional y operativo, pese a que expresamente se lo
mencionaron en dichas sesiones
Dijo que a juicio de esta comisión dictaminadora, no se encuentra
justificada la necesidad de haber tratado el tema como de “urgencia extrema”
pues el Decreto Facultativo 289 emitido por esta Soberanía y publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2021, concedía a los municipios
del Estado, entre ellos Ensenada, plazos prudentes (60 días posteriores a la
entrada en vigor) para crear los organismos operadores del agua y 90 días para
crear su reglamentación operativa y administrativa, esto con la finalidad que
los cuerpos colegiados municipales, contaran con la oportunidad de analizar,
discutir, organizar y votar todas las determinaciones correspondientes.
Detalló que el denunciado decidió resolver el tema en 4 minutos y sin
documento alguno que solventara todos los aspectos administrativos y
financieros que esa determinación traería aparejada. Al margen que en la mecánica
procesal que se siguió para obtener la aprobación mayoritaria de Cabildo, se
lesionaron valores fundamentales de orden constitucional que debe imperar en
toda democracia representativa y popular, en detrimento de las instituciones
del Estado de derecho mexicano.
En otro sentido, se declararon como
improcedentes las solicitudes de juicio político en contra del Juez Primero de lo Penal de Tijuana Jaime
Galindo Hernández, así como de los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. Por lo anterior solicitó
se les notifique de la determinación de esta Soberanía por medio del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Baja California, y de la Presidencia
Municipal de Tijuana, respectivamente.
Participaron en esta sesión la presidenta de la Comisión, Rocío Adame
Muñoz, como secretaria Dunnia Monserrat Murillo López y como vocales Araceli
Geraldo Núñez, Evelyn Sánchez Sánchez, Juan Manuel Molina García, Román Cota
Muñoz y Sergio Moctezuma Martínez López, además del diputado Marco Antonio
Blásquez Salinas.
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