Mexicali, B. C., viernes 5
de septiembre de 2020.- En sesión extraordinaria virtual, el Congreso de Baja
California realizó este día la
Declaratoria de Procedencia del dictamen número 49 de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba
reformar diversos artículos de la Constitución del Estado y 3 reservas en lo
particular, a fin de desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
(PJ) y poner en su lugar una Junta de Administración y Vigilancia, entre otros
temas.
Lo anterior se efectúa una vez avalado
dicho dictamen por los Ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de
Rosarito, a quienes, por ser una reforma constitucional, les fue turnado por
esta Legislatura como lo determina el artículo 112 de la Constitución del
Estado, para en su caso ser aprobado o rechazado.
La Declaratoria fue leída en
la sesión por la secretaria de la Mesa
Directiva de la XXIII
Legislatura local, diputada Eva Gricelda Rodríguez.
Como se informó en su
momento, los inicialistas de la reforma contenida en el dictamen 49 son el
Poder Ejecutivo y el diputado Juan Manuel Molina García, quienes en su
exposición de motivos mencionaron que, actualmente, el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial es el órgano encargado de las funciones de administración,
vigilancia, supervisión y disciplina, así como el desarrollo de la carrera
judicial.
Argumentaron que, desde su
creación a la fecha, no ha logrado eficientizar la administración del recurso
económico en el Poder Judicial, al duplicarse las estructuras administrativas
del personal del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, lo cual ha generado un déficit financiero y un retraso en la
concreción de la implementación del nuevo modelo de justicia, así como
problemas financieros en el Servicio Médico Forense y carencias de recursos
materiales, que han colocado a este Poder al borde de paros laborales.
Puntualizaron que el Consejo
de la Judicatura “perdió la directriz y objetivo de su función, desatendiendo
su verdadera función, situación que actualmente está afectando la operatividad
de Poder Judicial del Estado”.
La presente Declaratoria
también incluye la aprobación de 3 reservas en lo particular al referido
dictamen 49; la primera del diputado Juan Meléndrez Espinoza, mediante la cual
solicita sea omitida de dicho dictamen, la reducción de la participación de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el Comité de Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción.
La segunda presentada por el
legislador Juan Manuel Molina García, por la que se instauran las Salas
Metropolitanas, las cuales darán servicio a la zona costa de Baja California,
además de que se modifica la entrada en vigor de las reformas, misma que estaba
establecida para el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, para cambiarla a partir de los 60 días a partir de su publicación.
Por último, la reserva
propuesta por la legisladora María Trinidad Vaca Chacón, con el objeto de
conservar la votación de mayoría calificada para el nombramiento de los
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
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