Secretario de seguridad pública expuso ante el Congreso del Estado las estrategias empleadas en la lucha contra la delincuencia
BAJA CALIFORNIA
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Por: Steven Sxkovedo
Redacción/Quihubole!!!
MEXICALI, a 26 de junio de 2019.- La inseguridad es el
problema más importante que aqueja a la población, lo que ha obligado a los
bajacalifornianos a cambiar sus hábitos por temor a ser víctimas de la
delincuencia, además del costo que esto representa y que, en Baja California,
rebasa los ocho mil millones de pesos, afirmó el presidente de la Comisión de
Seguridad Pública y Protección Civil de la XXII Legislatura, diputado Job
Montoya Gaxiola.
Así se expresó el diputado Montoya al
darle la bienvenida al secretario de Seguridad Pública (SPP) del Estado, José
Fernando Sánchez González, quien acudió este día ante la mencionada comisión
legislativa, para exponer las acciones que lleva a cabo la dependencia en el
combate a la delincuencia.
Sánchez González, quien acudió
acompañado por el director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), licenciado
Luis Felipe Chan Baltazar, así como por el subsecretario del Sistema Estatal
Penitenciario, David Limón Grijalva y el resto de los funcionarios de la SSP,
además de representantes de organismos sociales, dio a conoce algunas de las
estrategias desarrolladas.
En presencia también del diputado Raúl
Castañeda Pomposo, Montoya Gaxiola le señaló al funcionario que existe una gran
preocupación entre los bajacalifornianos ante la ola de violencia que azota a
la Entidad y citó los datos del INEGI, que en la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, publicó que en el primer trimestre de 2019, en Tijuana y
Mexicali, el 68 por ciento de personas mayores de 18 años cambiaron su hábito
de llevar consigo objetos de valor en la vía pública, por temor a ser víctimas
de la delincuencia; el 75 prohibió a los menores salir de su vivienda; el 66
evita salir por la noche y más del 40 por ciento manifestó que ha cambió su
hábito de visitar parientes o amigos.
A todo lo anterior, indicó el
legislador, “habrá que adicionar el impacto económico que conlleva la
inseguridad. En 2017, esto significó, a nivel nacional, un costo total de 300
mil millones de pesos, lo que representan el 1.7 por ciento del PIB; mientras
que para el Estado de Baja California, el costo rebasó los 8 mil millones de
pesos.
Precisó que una de las más inmediatas y
palpables consecuencias de la inseguridad, es el costo que genera invertir en
medidas de protección que, por más sencillas que sean, afectan la economía
familiar, y que, al colocar rejas, bardas, púas, candados, etcétera, se genera
un contexto de temor, de defensa y de exclusión.
Ante este panorama poco alentador
-señaló-, “se entiende que haya reclamos a las autoridades actuales y que la
expectativa sea muy alta respecto a la próxima administración. En este sentido,
es necesario partir de un diagnóstico claro, certero y actualizado que nos
permita establecer los equilibrios necesarios entre reclamos y expectativas”.
Por su parte, el titular de la SPP dio a
conocer el Programa Rector bajo el cual funciona esta secretaría, el cual
comprende, entre otras cosas, la distribución de un mil 703 de alarma
instalados, aunque el objetivo es la instalación de 10 mil alarmas vecinales y
la inhibición de señal en los cinco reclusorios del Estado, para impedir la
actividad de los extorsionadores.
El funcionario criticó que los jueces
liberen con tanta facilidad a las personas que son remitidas por portar armas,
especialmente a aquellas que de grueso calibre que están prohibidas para la
población civil, pues al recuperar su libertad se convierten en potenciales
homicidas.
A pregunta expresa, Fernando Sánchez
respondió que sería un grave error desaparecer a la Policía Estatal Preventiva,
pues se echaría por la borda toda la experiencia acumulada, la base de datos
respecto a los grupos delictivos, las zonas peligrosas y otros elementos a
considerar, por lo que opinó que se debe pensar en fortalecerla en lugar de
desaparecerla.
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