Ante la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional
El
Diputado Federal Jorge Ramos Hernández, integrante de la Bicameral, destacó que
si el presidente Enrique Peña Nieto sabía del caso de espionaje es grave, pero
si no lo sabía es aún más grave, pues es el principal responsable de lo que
sucede en el país, por lo que está convencido de que el resultado de la
investigación conducirá a los culpables y no habrá impunidad
CIUDAD
DE MÉXICO
Redacción
Quihubole!!!
CDEMEX,
a 23 de junio de 2017.- Será el próximo jueves cuando comparezcan ante la
Comisión Bicameral de Seguridad Pública los titulares de Gobernación, PGR y
Cisen, para abordar el tema de las intervenciones telefónicas de las que han
sido víctimas defensores de los derechos humanos, algunos personajes políticas
y periodistas.
Jorge
Ramos Hernández, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional,
informo que el día de ayer fue notificado por la secretaría técnica, Amparo
Brindiz Amador, de que la solicitud presentada hace un par de días fue atendida
y agendada la comparecencia de los altos funcionarios federales.
Ramos
Hernández, quien fue designado por el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, como
encargado de dar seguimiento al escándalo de espionaje telefónico que
denunciara el New York Times, acusando al gobierno federal, que encabeza el
presidente Enrique Peña Nieto, de desviar la utilización de un software para
espiar criminales hacia periodistas, personajes políticos y activistas de
derechos humanos.
Si el
presidente Enrique Peña Nieto sabía del caso de espionaje es grave, pero si no
lo sabía es aún más grave, pues es el principal responsable de lo que sucede en
el país, sentenció el diputado federal Jorge Ramos Hernández, quien se dijo
convencido de que el resultado de la investigación conducirá a los culpables y
no habrá impunidad.
Después
de que se le encomendara la tarea de dar seguimiento al caso como presidente de
la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, expresó que tienen
conocimiento de que al menos 729 personas fueron espiadas a través de sus
equipos de telefonía celular.
Lo preocupante
de esto, dijo, es que es una invasión a la intimidad de las víctimas, ya que el
gobierno prácticamente se convirtió en dueño de los celulares al tener acceso a
claves, fotografías, cuentas, videos e incluso al micrófono, aún cuando el
equipo estuviera apagado.
“Es muy
importante puntualizar que no se trata de un espionaje tradicional, de escuchar
conversaciones, se trata de una cosa mayor, que invade la intimidad de
periodistas, deportistas, activistas, funcionarios electorales y líderes de
partidos”, manifestó.
Remarcó
que no existe ninguna resolución de un juez federal para proceder a intervenir
la comunicación de las víctimas, por lo que el gobierno federal está obligado a
dar una explicación y a entregar información precisa sobre esos procedimientos.
Hasta
donde saben, el software de espionaje tiene un costo promedio de 85 mil dólares
por equipo, por lo que el gasto ascendería a más de 62 millones de dólares, lo
que también se deberá esclarecer, porque se trata del uso de recursos públicos.
Ramos
Hernández expresó que con los actuales niveles de inseguridad es muy lamentable
que se desvíen recursos para fines de espionaje de figuras públicas, en lugar
de destinarlo a ubicar a líderes del narcotráfico y saber cómo operan o qué
movimientos van a realizar para el trasiego de droga.
El
diputado por Baja California insistió en que es un acto de parte del estado que
no tiene precedente y es un claro reflejo de las prácticas a las que siempre le
ha apostado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener
controlado al país.
Recordó
que en la comisión bicameral participarán tres diputados federales y senadores,
que estarán citando a los funcionarios responsables de la seguridad pública
para que expliquen los casos de espionaje.
De ser
necesario, propondrán que intervengan organismos internacionales para que haya
transparencia y claridad en la investigación.
La
comparecencia será el jueves 29 de junio, y están citados el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Procuraduría General
de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade; y el director del Cisen, Eugenio
Imaz.
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