Propuso
el diputado Julio César Vázquez reformas a diversas normatividades y la
creación de una Dirección para la Atención de ese sector, en el Sistema DIF
BAJA
CALIFORNIA
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA,
a 31 de agosto de 2016.- Para concluir con la armonización de diversas leyes
estatales y reglamentos municipales a favor de las personas con discapacidad,
el diputado Julio César Vázquez Castillo propuso algunas reformas que
incluyeron la creación de una Dirección especializada a dicho sector en la
estructura de los Sistemas DIF del estado y los municipios.
El
legislador presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Tercera Edad y Niñez recordó que el 17 de septiembre del pasado
año 2015 se celebró el Convenio General de Armonización Legislativa de la Ley
General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En el
convenio se establecieron compromisos de los tres Poderes del Estado, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Ayuntamientos, y se acordó realizar
mesas de trabajo para armonizar, en especial, la Ley General de Inclusión de
Personas con Discapacidad con las leyes locales, y en efecto se realizaron
mesas de trabajo en Ensenada, Tijuana y Mexicali, los días 15, 16 y 17 de marzo
pasado de este año 2016, destacándose la necesidad de contar en nuestro estado
con un Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, o en su caso, una
Dirección Estatal.
Los
derechos de esas personas también definidas como con capacidades diferentes,
están plasmados la Convención de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), habiendo sido impulsor de este capítulo en especial
nuestro país, y de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General de la
ONU adoptada el 14 de octubre de 1992, se definió además el 3 de diciembre como
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Al
igual que todos los miembros de la sociedad civil, las personas con
discapacidad deben gozar de los siguientes derechos:
*
Igualdad ante la ley sin discriminación.
*
Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
* Igual
reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica.
*
Protección contra la tortura.
*
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
*
Derecho al respeto de la integridad física y mental.
*
Libertad de desplazamiento y nacionalidad.
*
Derecho a vivir en la comunidad.
*
Libertad de expresión y de opinión.
*
Respeto de la privacidad.
*
Respeto del hogar y de la familia.
*
Derecho a la educación.
*
Derecho a la salud.
*
Derecho al trabajo.
*
Derecho a un nivel de vida adecuado.
*
Derecho a participar en la vida política y pública, y derecho a participar en
la vida cultural.
No
obstante todo lo anterior, las personas con discapacidad han sido
tradicionalmente ignoradas y apartadas de la sociedad, en gran medida por
ignorancia, superstición, pero sobre todo por prejuicios y una serie de
factores culturales que han ido posicionando barreras invisibles difíciles de
superar.
Este
rechazo ha generado dependencia, complejos de inferioridad, sentimientos de
resignación, aislamiento y exclusión, agravando el problema y restando recursos
para que este grupo de la población pueda reivindicar sus derechos
constitucionales.
Y
aunque se ha estado luchando a través de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para lograr su integración e inclusión plena, todavía no se
reconoce que las personas con diversos tipos de discapacidad conforman un
sector de la sociedad que debe y exige ser considerado e incorporado a la vida
social en condiciones de igualdad y equidad a las del resto de la población.
Para
hacer valer sus derechos entonces es que se han instrumentado muchas reformas
legales y, para reforzarlas, el diputado Julio César Vázquez propuso reformar
los artículos 3 y adicionar la fracción XXXIII, y el artículo 7 fracción III y
se adiciona enciso de la a) de la Ley Para las Personas con Discapacidad en el
Estado de Baja California.
Estas
tienen que ver con un Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad en el
Estado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y de una Dirección
de Atención a Personas con Discapacidad en la Secretaría General de Gobierno
del Estado, así como en los Sistemas DIF.
Asimismo,
enfatizó todos los derechos en cada ley relativa a la justicia, salud,
educación y otras.
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