Solicita Sindicatura Social sancionar a ex funcionarios de la
Administración
del ex Alcalde, Carlos Bustamante Anchondo
TIJUANA BC 24 DE JUNIO DE 2015.- La Sindicatura Social de Tijuana
solicitó hoy a la Sindicatura Procuradora que informe públicamente el resultado
de las investigaciones relacionadas al daño patrimonial superior a los tres
millones de pesos causados por ex funcionarios de la Administración del ex
Alcalde, Carlos Walterio Bustamante Anchondo.
Durante la sesión de Cabildo, en la que votó a favor de la
reincorporación del predio conocido popularmente como “La Ocho” al patrimonio
de Tijuana, el Ingeniero, Bernabé Esquer Peraza, Síndico Social, explicó que
está a favor de que “se devuelva lo que se les arrebató a los tijuanenses”, por
el anterior Gobierno Municipal.
“Estamos a favor de mas lugares de esparcimiento familiar, que los
padres tengan donde convivir con sus hijos, en áreas verdes y seguras”, expuso
el Síndico Social al señalar que con la reincorporación de dicho inmueble como
bien público y los recursos federales esta año debe estar funcionando este
parque.
Sin embargo, Bernabé Esquer Peraza también hizo referencia al “al
contenido del dictamen numero 287 publicado en la Gaceta Legislativa de fecha
19 de febrero de 2013, donde encontramos que se contiene la votación formulada
por el Congreso del Estado respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública
2011 del Municipio de Tijuana”.
“En el larguísimo listado de Observaciones (son 118) identificadas por
el Congreso del Estado, destaca la que aparece enlistada con el número 33,
visible en las páginas 84 y 85 de dicha Gaceta, que se relaciona con el predio
identificado con la clave catastral ZC-072-001 con una superficie de 3,036.62
metros cuadrados y sus respectivas construcciones, ubicadas en la esquina que
forman la Avenida Constitución y Calle Octava de la Delegación Centro de la
ciudad de Tijuana, conocida popularmente como “La Ocho”, donde por muchos años
funcionara la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, al igual que la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal”, dijo.
Esquer Peraza destacó que “en relación con dichos bienes, el Congreso
del Estado detectó que sin autorización del Cabildo Municipal, el ahora ex
alcalde Carlos Walterio Bustamante Anchondo, autoritariamente, ordenó la
destrucción de las construcciones, instalaciones y otras obras complementarias
que existían en el predio de propiedad municipal, a las que la Comisión Estatal
de Avalúos les había determinado un valor conjunto de casi nueve millones de
pesos”.
El Sindico Social señaló que “es obvio que la destrucción de los
mencionados bienes propiedad del Municipio de Tijuana, son constitutivos de
conductas delictivas, ya que que con las acciones ordenadas por el ex alcalde y
ejecutadas algunos de sus colaboradores, se provocaron daños materiales a los
bienes públicos y un perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública, al ordenar la
aplicación arbitraria de más de tres millones de pesos para contratar a la
empresa que demolió materialmente las referidas construcciones”:
Recordó que la Sindicatura Social también intervino desde diciembre de
2013, cuando un ciudadano presentó una queja en contra de la asignación de
dicho predio a un Fideicomiso “del que desconocemos quiénes son sus
integrantes”, y notificamos al Notario Público que escrituraria dicho predio,
sobre las observaciones hechas por el Congreso y el Órgano de Fiscalización.
Por lo tanto, Esquer Peraza solicitó a la Sindicatura Procuradora que
se informe públicamente el estado de las investigaciones y las sanciones — si
las hay—que se han aplicado a los ex funcionarios municipales responsable de
este daño patrimonial.
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