* Se
viola el derecho humano al agua si las empresas privadas administran el servicio,
ya que no tienen sensibilidad, para ellos es un negocio, y a ellos no se les
podría exigir, como sí se hace con el Gobierno, a ser más tolerantes, dar
facilidades e incluso hasta “borrones y cuenta nueva”
TIJUANA.- El Gobierno Federal y los legisladores federales que
defienden a ultranza la nueva Ley General de Aguas en México, alegan muchas
justificaciones a dicha iniciativa, pero la realidad es que violan el derecho
humano al agua, al poner ese recurso y el suministro del mismo en manos de empresas
privadas.
Por eso es que Mónica Lucero Vázquez Arévalo, aspirante a Diputada
Federal por el Partido del Trabajo (PT) en el Distrito 6, se pronuncia en
contra de esa reforma de ley, la cual quedó detenida en marzo pasado, en virtud
de que el partido político que se encuentra en el poder previó que continuar
con la polémica le iba a perjudicar en el actual proceso electoral.
El problema es que la iniciativa sigue en Comisiones, y por eso es que
la postura oficial de los abanderados del PT en todo el país se pronuncian
tajantemente en contra de dicha Ley. Si la actual legislatura la aprobara,
Mónica Vázquez, y todos los que sean diputados federales por el PT, legislarán
para derogar todos los preceptos legales que tiendan a la privatización del
servicio; y si el tema quedara pendiente para la legislatura entrante, van a
votar en contra de esas pretensiones del Sistema.
La joven aspirante a Diputada Federal advierte que si las empresas
privadas administran el servicio, se perderá toda política de sensibilidad
social, ya que para ellos es un negocio, y a ellos, a los empresarios, no se
les podría exigir, como sí se hace con el Gobierno, a ser más tolerantes, dar
facilidades e incluso hasta “borrones y cuenta nueva”.
“Ya no habría la exención de cobro para las personas de la tercera
edad, ni tarifas especiales, simbólicas par a las personas con alguna
discapacidad. No habría campañas de eliminación de multas y recargos, ni
convenios con las tasas de interés más bajas; ni campañas de “boron y cuenta
nueva”; e incluso, seguramente las tarifas de servicio serían mucho más
elevadas, pues no habría subsidio del Gobierno. Votar por esa ley es negarles
al pueblo un derecho humano elemental, que es el consumo de agua potable y servicios
de alcantarillado”, explicó Mónica Vázquez.
“Es más, de acuerdo a los tratados internacionales y la propia
Constitución Mexicana, así como nuestras leyes relacionadas con los derechos
humanos, negar o cortar el servicio de agua potable a la gente es un crimen de
lesa humanidad, o sea, ya lo más inhumano que se puede calificar un delito. Por
eso debemos impedir o detener y desaparecer esa Ley que atenta contra la vida
misma del ser humano”, subrayó.
El Artículo 4 de la Constitución Mexicana, establece que "toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".
Sin embargo, reformaron el artículo 27 de la Constitución para dejarla
así: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".
Especialistas aseguran que conceder a un particular el suministro de
agua afectaría aún más a la economía de los mexicanos, especialmente en los
sectores más vulnerables, ya que habría un incremento en las tarifas y, a su
vez, se vería afectada la calidad de vida.
Además, la ley habla de suministrar el agua a las grandes
concentraciones urbanas, descritas como "asentamientos humanos", pero
a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias, por lo que esto
afecta además a los pueblos indígenas.
"Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios
ancestrales serían usados para llevar agua a zonas donde esta se paga
bien", advirtió un hidrogeólogo de la UNAM.
Para solucionar el problema de la escasez de agua que habita en algunas
regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante
megaproyectos de infraestructura, y esos son pretextos para cometer actos como
el siguiente: en Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez, dos líderes indígenas
Yaquis, están tras las rejas por luchar para detener la construcción de un
acueducto ilegal que los despoja de su agua.
Sin informar ni consultar a la tribu Yaqui, en enero de 2010, el Gobierno
del Estado de Sonora inició la construcción del Acueducto Independencia - con
el pretexto de dar agua a Hermosillo. Y a pesar de que la tribu Yaqui ha ganado
la batalla legal en tribunales, las acciones ilegales del gobierno continúan
hasta el día de hoy.
Estos son los informes que hay sobre algo que ya están haciendo los
gobernantes, violentando derechos humanos; por lo tanto, si dejamos que el
Gobierno Federal y sus cómplices en la actual Cámara de Diputados aprueben la
nueva Ley General de Aguas de México, acciones como esas se verán más a menudo,
y lo que es peor, perpetradas por empresas privadas, concesionadas por el
Gobierno, advirtió Mónica Vázquez, que de esta manera llama a la gente a
razonar su voto el domingo 7 de junio, para que voten por el PT, y sean mayoría
en contra de esos atentados.
Los del Distrito 6, que voten por Mónica Vázquez para Diputada Federal,
estarán manifestando así que se oponen a las leyes privatizadoras del Sistema.
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