QUIHUBOLE/MEXICALI/31Oct/2014.- El diputado Felipe de Jesús Mayoral
Mayoral propuso ante la asamblea del Congreso local, una iniciativa de ley para
reformar diversos artículos del Código Civil del Estado, con el fin de
propiciar seguridad y certeza jurídica en los actos donde intervengan los
corredores públicos de Baja California.
En su exposición de motivos, el inicialista subrayó que su propuesta
“hará más accesibles los servicios de fe pública en beneficio de la sociedad,
en un ambiente de seguridad jurídica y libre competencia. De la presente
iniciativa no deriva afectar de manera alguna la función profesional del
notariado; una motivación relevante a ésta lo es precisamente el impulsar una
mayor competencia y mejorar el entorno de competitividad en beneficio de la
propia sociedad, así como crear mayores formas de recaudación para las arcas
del Estado de Baja California y de sus municipios”.
En ese tenor, Mayoral Mayoral mencionó además que “no cabe duda que
existen gremios y profesionistas que estarán en desacuerdo con las reformas
planteadas, profesionistas que deciden mantener a la ciudadanía bajo un esquema arcaico y monopólico, creando
servidumbres y pequeños feudos de poder, sin entender que la dinámica social
reclama certeza jurídica, que Baja California es un estado libre y soberano, y
que sus ciudadanos tienen acceso competitivo a la certeza jurídica en sus actos
comerciales”.
El representante popular del Partido Estatal de Baja California destacó
que su iniciativa tiene como objetivo modernizar las estructuras, lo cual
conlleva un cambio de actitudes para poder generar una mayor apertura y
competitividad en lo interno, así como adecuar el marco normativo a las nuevas
realidades, las que imponen la necesidad de nuevas técnicas, actividades y
conductas con el fin de aprovechar el potencial que ofrece la Correduría
Pública.
Hizo énfasis en que es inestimable y a la vez un requisito
indispensable para cualquier Estado que desee tener una economía moderna y
eficiente, la confiabilidad que ofrece un marco jurídico claro y preciso para
garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, y en general de las
transacciones sujetas a regulación federal y estatal.
El legislador dio a conocer que “la Ley Federal de Correduría Pública
fue aprobada por el H. Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 1992, a fin
de impulsar la actividad del corredor público, con el propósito de convertirlo en
una pieza clave en la agilización de todas las transacciones empresariales y
modernización de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizan
los actos y hechos que inciden en la materia mercantil y otros asuntos de
competencia federal”.
“La nueva ley significó, en el papel, una revitalización inusitada de
una profesión y función pública de rancio abolengo, que en los últimos 16 años
ha sido objeto de ataques velados y abiertos por quienes intentan a toda costa
mantener el oligopolio de la fe pública”, remató el diputado Felipe de Jesús
Mayoral.
Esta propuesta de reforma al Código Civil del Estado fue turnada a la
Comisión de Justicia para su estudio, análisis y votación por el presidente de
la Mesa Directiva del Congreso, diputado David Ruvalcaba Flores.
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