Lejos de ampliar
el acceso a la justicia, se corre el riesgo de restringirlo; sobre todo para
las personas y familias en condición de mayor vulnerabilidad.
Tijuana, B.C., a
31 de marzo de 2026.- La nueva publicación del Acuerdo General 07/2026, emitida
por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado de Baja
California, vulnera los derechos fundamentales de las y los abogados: la
libertad de trabajo, el libre ejercicio profesional y la posibilidad de
desarrollar una actividad lícita conforme a los requisitos que marca la ley,
así lo dio a conocer el Colegio de Abogados de Tijuana, A.C.
Su representante,
Daniel Avitia Beltrán, explicó que el acuerdo publicado el 20 de marzo del año
en curso excede las facultades reglamentarias y administrativas del órgano
emisor, al imponer requisitos que no están previstos de manera expresa en la
norma superior jerárquica, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos
Civiles y Familiares.
Dicho acuerdo
establece criterios para la acreditación de la especialización profesional en
procedimientos jurisdiccionales donde se encuentren involucrados derechos de
niñas, niños y adolescentes.
“Reconocemos
plenamente la importancia de fortalecer la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, así como la necesidad de que la defensa técnica en
materia familiar se ejerza con preparación, ética, responsabilidad y
sensibilidad jurídica”, aseguró Avitia Beltrán. Sin embargo, imponer requisitos
de grado académico y cédula de posgrado como condición obligatoria para el
ejercicio de la defensa técnica en materia familiar vulnera sus derechos
fundamentales como abogados.
Detalló que el
Consejo de Administración no se limitó a regular aspectos administrativos de
verificación documental, sino que, en los hechos, estableció una nueva
condición para litigar, restringiendo el ejercicio profesional de la abogacía
en materia familiar mediante un requisito de posgrado que la ley no contempla
en esos términos. Ello constituye, a su juicio, un exceso reglamentario,
contrario a los principios de legalidad, jerarquía normativa y reserva de ley.
Aunque, desde su
perspectiva como profesionales en la materia, esto transgrede su libertad de
trabajo, el libre ejercicio profesional y la posibilidad de desarrollar una
actividad lícita conforme a los requisitos que marca la ley, y no a partir de
exigencias adicionales creadas por una disposición administrativa, destacó que
“el principal afectado será el justiciable”.
Lo anterior en
vista de que el acuerdo reducirá el número de abogadas y abogados que puedan
intervenir en asuntos familiares, limitará la libre elección de defensa,
dificultará el acceso a representación jurídica en muchos casos y,
previsiblemente, encarecerá los servicios legales, afectando sobre todo a las
personas y familias en condición de mayor vulnerabilidad. Por lo que, lejos de
ampliar el acceso a la justicia, se corre el riesgo de restringirlo.
Asimismo, advirtió
que dentro del gremio se generará una afectación desigual en perjuicio de
litigantes con trayectoria acreditada y años de práctica profesional,
especialmente en contextos donde no existe una oferta académica suficiente,
accesible o razonable para cursar estudios de posgrado con reconocimiento y
cédula en los términos exigidos, enfatizando que la imposición de ese filtro
burocrático no garantiza por sí misma una mejor defensa técnica, pero sí genera
exclusión profesional y concentración del ejercicio en un sector limitado.
El presidente del
Colegio de Abogados de Tijuana, A.C., puntualizó que tampoco comparten que el
periodo transitorio de tres años subsane el problema de fondo. “La ilegalidad o
inconstitucionalidad de una carga no desaparece por diferirse en el tiempo. El
hecho de que provisionalmente se permita litigar bajo protesta de decir verdad
no elimina el vicio esencial del acuerdo: haber creado una restricción no
prevista en la ley”, agregó.
“Como gremio,
hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al Consejo de Administración del
Poder Judicial del Estado de Baja California para que reconsidere y deje sin
efectos estas disposiciones”, expresó, resaltando que estarán abiertos al
diálogo institucional, serio y constructivo, para impulsar mecanismos legítimos
de capacitación, certificación, actualización y fortalecimiento profesional que
no vulneren derechos, no excedan la ley y no perjudiquen al ciudadano.
Finalmente,
manifestó que, de no atenderse la solicitud de reconsideración, el gremio
jurídico analizará y ejercerá, con firmeza y responsabilidad, las vías
jurisdiccionales y constitucionales correspondientes, a fin de defender la
legalidad, la libertad profesional, el derecho al trabajo y, sobre todo, el
acceso efectivo a la justicia de las personas que requieren defensa y
representación en materia familiar. “La especialización debe fortalecerse, sí;
pero nunca a costa de la legalidad, de la libertad profesional y del derecho de
la ciudadanía a una justicia accesible”, culminó.
